La crisis institucional entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio Público se agudiza. Este lunes 23 de junio, la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ emitió un oficio dirigido a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, exigiendo el cumplimiento inmediato de la Resolución N.º 231-2025-JNJ, que ordena la reposición de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público. De no hacerlo, se advirtió que se solicitará el uso de la fuerza pública.
“Requiérase a la señora Delia Milagros Espinoza Valenzuela, fiscal suprema, para que en el día cumpla con lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución […] bajo apercibimiento de solicitar la fuerza pública en caso de incumplimiento”, se lee en el documento. La notificación, sin embargo, no lleva la firma del presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, sino de Magnolia Martínez Hidalgo, directora encargada de Procedimientos Disciplinarios.
Vocero del Ministerio Público cuestiona legalidad de la resolución de la JNJ
Este detalle ha generado críticas inmediatas. Víctor Cubas Villanueva, exfiscal supremo y vocero del Ministerio Público, cuestionó la legalidad y legitimidad de que una funcionaria “de tercer o cuarto nivel” como Martínez Hidalgo emita una orden de tal envergadura. “No tiene atribuciones ni autoridad para dirigirse al fiscal de la Nación”, afirmó en declaraciones a Canal N.
Además, Cubas advirtió sobre una “clara injerencia del Poder Ejecutivo”, señalando que la Policía Nacional, bajo control del Ministerio del Interior, ya proporciona seguridad a Patricia Benavides. También destacó que el ministro de Justicia ha evitado referirse a Espinoza como fiscal de la Nación, lo que —según él— revela un intento deliberado de socavar su autoridad. “Eso es un grave atentado contra la autonomía del Ministerio Público y la institucionalidad democrática”, enfatizó.
Delia Espinoza responde a Patricia Benavides con demanda de amparo ante el Poder Judicial
En paralelo, Delia Espinoza ha presentado una demanda de amparo ante el Juzgado Constitucional de Lima, solicitando que se declare inaplicable la resolución de la JNJ que restituye a Benavides. La acción fue interpuesta el pasado miércoles 18 de junio, apenas dos días después del intento de Benavides por tomar el control del Ministerio Público, ingresando de forma intempestiva hasta el noveno piso de la sede institucional.
Espinoza ha pedido que se evalúe la urgencia del caso debido al impacto institucional que genera esta disputa. Sin embargo, hasta el momento, el juzgado no ha admitido a trámite la demanda.
Por su parte, la defensa de Patricia Benavides presentó un escrito solicitando ser incluida en el proceso como litisconsorte, argumentando que tiene un interés legítimo en defender la legalidad y validez de la resolución de la JNJ. “Cuento con interés para intervenir en el proceso y exponer los argumentos que considero necesarios para defender la legalidad, eficacia y validez de la Resolución 231-2025-JNJ”, sostiene el documento.
Mientras tanto, la tensión crece. La controversia no solo enfrenta a las máximas autoridades del sistema judicial, sino que también amenaza con escalar en una crisis institucional de alto nivel. La posibilidad de que se recurra a la fuerza pública para imponer una decisión administrativa agrava aún más un escenario ya marcado por la desconfianza y la confrontación de poderes.
