La crisis institucional en el Ministerio Público alcanza nuevos niveles de tensión. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha solicitado formalmente a la Policía Nacional del Perú (PNP) que haga uso de la fuerza pública para retirar a la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y reponer en su lugar a la suspendida Patricia Benavides. La medida ha generado una ola de cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento y las competencias de la JNJ.

El requerimiento fue enviado mediante un oficio dirigido al comandante general de la PNP, en el que se solicita el “auxilio de la fuerza pública” para ejecutar lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Resolución N° 231-2025-JNJ, que ordena la reposición de Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público. El documento lleva la firma de Gino Ríos Patio, presidente de la JNJ, quien hasta la fecha no ha entregado las pruebas solicitadas por el Ministerio Público para validar esta decisión.

Falta de transparencia y ausencia de respaldo documental

Delia Espinoza, en un mensaje institucional difundido el 23 de junio, informó a la ciudadanía que el Ministerio Público ha devuelto la documentación enviada por la JNJ, argumentando que las acciones solicitadas exceden sus competencias. “Hemos devuelto la documentación recordándole que lo requerido no está dentro de sus atribuciones. Además, la Junta de Fiscales Supremos ha reafirmado mi legítima elección y solicitado un pronunciamiento formal de la JNJ sobre el efecto de su decisión”, afirmó.

Uno de los puntos más críticos de esta controversia es la ausencia del acta completa que registre el debate, votación y firmas de todos los miembros del pleno de la JNJ que habría respaldado la reposición de Benavides. A pesar de los reiterados pedidos formales por parte de la Fiscalía, dicha acta no ha sido remitida, generando fuertes dudas sobre la transparencia del proceso.

Fiscalía advierte riesgo inminente por intento de uso de la fuerza

Durante la audiencia judicial en la que se evalúa la suspensión de 36 meses contra Patricia Benavides, el fiscal Luis Arturo Ballón Segovia señaló que el intento de uso de la fuerza pública por parte de la JNJ representa un riesgo institucional grave. “Actualmente, existe una resolución que repone en el cargo a Benavides Vargas. Sin embargo, no se ha entregado el acta de respaldo. Contrariamente, la oficina de procesos disciplinarios ha enviado una amenaza formal de uso de fuerza pública. Por ello, el riesgo es inminente”, advirtió.

El fiscal se refería a dos oficios enviados por la JNJ con el mismo propósito: el primero firmado por Magnolia Martínez Hidalgo, directora encargada de la oficina de procesos disciplinarios, y el segundo por el propio presidente Gino Ríos. En ambos documentos se hace alusión directa al uso de la Policía para remover a Espinoza del cargo, una acción sin precedentes en la historia reciente del Ministerio Público.

Choque de poderes y crisis de legitimidad

La solicitud de intervención policial contra la fiscal de la Nación, sin respaldo judicial ni actas públicas, plantea un escenario crítico para la estabilidad del sistema de justicia en el país. La legitimidad de Espinoza no solo ha sido ratificada por la Junta de Fiscales Supremos, sino que además cuenta con el respaldo de la opinión pública, que observa con preocupación las maniobras internas de la JNJ.

Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene firme su posición: sin acta ni resolución completa, no existe sustento legal para el retorno de Patricia Benavides.