La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación disciplinaria contra el juez Richard Concepción Carhuancho, tras una orden emitida por el Tribunal Constitucional (TC) que dispuso la reevaluación de su actuación como magistrado en el caso conocido como ‘Waykis en la Sombra’. La medida se adopta luego de que el máximo intérprete de la Constitución declarara fundada la demanda presentada por Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta Dina Boluarte e investigado en dicho proceso.

La decisión del Tribunal Constitucional responde a una acción presentada por Castañeda, quien cuestionó la demora del juez Concepción Carhuancho en conceder el recurso de apelación contra la prisión preventiva que pesaba en su contra, así como el retraso en elevar el expediente correspondiente a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Según lo señalado en la resolución del TC, el cuestionamiento se centra en el presunto incumplimiento de los plazos razonables establecidos en el marco del debido proceso, lo que habría afectado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del investigado. En ese contexto, el colegiado constitucional ordenó que se evalúe la conducta funcional del magistrado, lo que motivó la intervención de la JNJ.

Cabe recordar que en noviembre de 2024, Richard Concepción Carhuancho dispuso 24 meses de prisión preventiva contra Mateo Castañeda, al atribuirle presunta participación en una organización criminal, tráfico de influencias y otros delitos vinculados al caso ‘Waykis en la Sombra’. Esta decisión generó controversia por la severidad de la medida y el análisis de los presupuestos legales exigidos.

Posteriormente, en diciembre de 2024, la Quinta Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial revocó la prisión preventiva impuesta por Concepción Carhuancho. El colegiado consideró que no se cumplían los requisitos legales necesarios para mantener la medida coercitiva, por lo que ordenó la libertad del investigado bajo otras reglas procesales.

Con la apertura de la investigación por parte de la Junta Nacional de Justicia, se busca determinar si el magistrado incurrió en faltas disciplinarias durante su actuación en el proceso, especialmente en lo referido al manejo de los plazos y al respeto de las garantías procesales.