La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió un nuevo capítulo en la disputa institucional que sacude al Ministerio Público. La vicepresidenta del organismo, María Teresa Cabrera, planteó iniciar un procedimiento disciplinario contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, por presuntamente haberse negado a cumplir la orden que disponía la reposición de Patricia Benavides en el cargo.
De ratificarse esta medida, la titular del Ministerio Público podría ser suspendida por un plazo de seis meses.
Fundamentos del proceso
Según el informe de Cabrera, Espinoza habría vulnerado varios deberes previstos en el artículo 33 de la Ley de la Carrera Fiscal, incurriendo en faltas graves y muy graves tipificadas en la normativa vigente. El documento sostiene que su conducta constituye una presunta desobediencia a actos administrativos obligatorios, así como interferencia en funciones de otros órganos del Estado.
En ese marco, se propone también la aplicación de una medida cautelar de suspensión, considerada idónea para evitar que la investigada continúe ejerciendo funciones que podrían afectar el proceso disciplinario. La recomendación califica esta sanción como proporcional y necesaria, dado el interés público comprometido.
Origen del caso
El proceso se originó tras la denuncia presentada por Luis Miguel Caya Salazar el 25 de junio de 2025. El ciudadano acusó a Espinoza de incumplir la Resolución N.° 231-2025-JNJ, que ordenaba la restitución inmediata de Patricia Benavides en sus cargos de fiscal de la Nación y fiscal suprema.
El pleno de la JNJ evaluó el caso y, el 18 de julio de 2025, decidió abrir una investigación preliminar para examinar al menos cuatro hechos considerados irregulares.
Hechos atribuidos a Delia Espinoza
El informe señala que, pese a haber sido notificada, Espinoza se negó a ejecutar la restitución de Benavides, desplegando acciones calificadas como dilatorias. Entre ellas se mencionan:
- La continuidad en el cargo de fiscal de la Nación pese a la resolución firme.
- Solicitudes reiteradas de documentos y registros para condicionar el cumplimiento de la orden.
- El 16 de junio de 2025, instruir al personal de la sede principal del Ministerio Público a permanecer en el noveno piso durante varias horas, dificultando así el acceso al cumplimiento de la resolución.
Estas prácticas fueron consideradas por la instructora como un uso indebido de la investidura y resistencia administrativa.
Defensa de Espinoza
En su descargo, Delia Espinoza alegó que las imputaciones carecen de precisión y respaldo probatorio. Sostuvo que la denuncia original no cumplía con los requisitos establecidos en el reglamento disciplinario, y calificó la investigación como basada en “suposiciones y valoraciones carentes de objetividad”.
Pidió la nulidad de los actos de investigación, asegurando que nunca existió una negativa abierta a cumplir la resolución, sino una legítima evaluación jurídica sobre la forma de proceder.
Conclusión de la Junta Nacional de Justicia
- Desobediencia a actos administrativos vinculantes.
- Interferencia en funciones de otros órganos del Estado.
- Trato discriminatorio en el desempeño del cargo.
De ser aprobada por el pleno de la JNJ, la suspensión de seis meses marcaría un hecho sin precedentes en la historia reciente del Ministerio Público, dejando en entredicho la legitimidad de la conducción de Espinoza y profundizando la crisis en la Fiscalía.
Este caso refleja la tensión permanente entre los órganos de control institucional y la máxima autoridad del Ministerio Público, en un contexto donde la figura de Patricia Benavides continúa siendo un punto de quiebre para el sistema judicial peruano.
