Tras la censura de José Jerí, el Congreso se prepara para elegir a su nuevo presidente, quien también asumirá la jefatura del Estado de manera interina. En este escenario de crisis política, el nombre del congresista izquierdista José María Balcázar ha cobrado fuerza y se perfila como uno de los principales aspirantes al cargo, solo detrás de María del Carmen Alva.
Sin embargo, su candidatura no está exenta de controversias. Su trayectoria en el Poder Judicial, que hoy es utilizada por sus aliados como principal argumento para respaldar su postulación, también contiene episodios que derivaron en su expulsión de la magistratura y que vuelven a generar cuestionamientos sobre su idoneidad.
El respaldo político a su candidatura
Diversas figuras políticas han salido a respaldar la postulación de Balcázar. Entre ellas destaca el ex primer ministro y actual candidato al Senado Guido Bellido, quien ha resaltado la experiencia del congresista en la Corte Suprema como un elemento que le daría solvencia técnica para liderar el Parlamento.
Sus defensores subrayan que su trayectoria judicial demuestra conocimiento del sistema legal y capacidad para conducir una institución compleja como el Congreso en un momento de alta tensión política.
No obstante, este respaldo omite un aspecto clave de su pasado: su salida del Poder Judicial tras no superar el proceso de ratificación del entonces Consejo Nacional de la Magistratura en 2011.
La destitución que marcó su carrera
El origen de las controversias se remonta a 2004, cuando Balcázar se desempeñaba como juez supremo provisional de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema.
En ese periodo, se le inició un proceso disciplinario por haber dejado sin efecto una sentencia de casación emitida por los magistrados anteriores de la sala. Este tipo de resoluciones son consideradas ejecutorias supremas, lo que significa que constituyen el pronunciamiento final sobre un litigio y adquieren automáticamente la condición de cosa juzgada.
Según el CNM, al anular dicha sentencia, Balcázar incurrió en una grave violación del debido proceso y de la seguridad jurídica, principios fundamentales del sistema judicial.
Inicialmente, en 2006, el organismo dispuso su destitución. Sin embargo, en 2009 revisó su decisión y ordenó que la Sala Plena de la Corte Suprema impusiera una sanción distinta. Este antecedente, no obstante, fue determinante en el proceso de evaluación que finalmente concluyó con su salida definitiva del Poder Judicial en 2011.
El caso Montesinos y cuestionamientos adicionales
Otro elemento que influyó en su no ratificación estuvo relacionado con una resolución emitida en un proceso vinculado a Vladimiro Montesinos, figura central en uno de los mayores escándalos de corrupción del país.
Durante la evaluación, el CNM cuestionó la decisión de Balcázar de declarar fundado un recurso presentado por Eugenio Bertini Vinci, investigado por presuntamente ayudar a Montesinos a transferir dinero al extranjero.
Según el organismo, el magistrado evaluó aspectos de fondo en un recurso donde no correspondía hacerlo, lo que evidenció deficiencias en su técnica argumentativa y generó dudas sobre la legitimidad de su desempeño jurisdiccional.
El CNM señaló que estas actuaciones eran particularmente graves por tratarse de un caso de alta relevancia pública, vinculado al manejo de fondos ilícitos y al combate contra la corrupción.
El veredicto del Consejo Nacional de la Magistratura
Tras evaluar estos antecedentes, el CNM concluyó que Balcázar no cumplía con los estándares requeridos para continuar en la magistratura.
El organismo determinó que el magistrado no había satisfecho las exigencias relacionadas con su conducta e idoneidad profesional, aspectos esenciales para ejercer funciones en el más alto nivel del sistema judicial.
La resolución enfatizó que las deficiencias detectadas comprometían la confianza pública en la administración de justicia, razón por la cual se decidió no renovarle la confianza como juez superior.
Hoy, estos antecedentes vuelven a cobrar relevancia en el debate político. Mientras sus aliados destacan su experiencia judicial, sus detractores consideran que su destitución representa un cuestionamiento serio sobre su capacidad para asumir un cargo de máxima responsabilidad institucional.
La elección del próximo presidente del Congreso será crucial, ya que quien resulte elegido no solo liderará el Parlamento, sino que también asumirá la Presidencia de la República de manera interina en un momento de profunda inestabilidad política.
