El caso de Roger Quispe Arana, un joven suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), ha sacudido a la opinión pública y destapado un grave problema estructural dentro de la institución policial. Con solo 25 años, Quispe quedó con daño cerebral severo e irreversible tras caer cuatro metros dentro de la comisaría Pamplona 2, en San Juan de Miraflores. Su caída no fue consecuencia de un operativo policial ni de un enfrentamiento con delincuentes. Fue producto de una orden indebida, totalmente ajena a sus funciones y prohibida explícitamente por la normativa interna de la PNP: limpiar ventanas de la dependencia policial.
El accidente, registrado cuando el suboficial cumplía órdenes de su superior, ha generado indignación debido a las múltiples irregularidades, contradicciones y negligencias institucionales reveladas durante la investigación fiscal.
Un giro devastador: Roger quedó en estado de dependencia total
Antes del accidente, Roger Quispe era un joven que soñaba con realizar una larga carrera en la PNP. Desde su ingreso, mostraba compromiso y entusiasmo. Hoy, ese futuro fue arrebatado.
Su familia describe que vive en estado de dependencia absoluta: no puede caminar sin asistencia, perdió el habla salvo por algunas palabras sueltas, y su capacidad cognitiva ha retrocedido al nivel de un niño pequeño. Necesita ayuda para alimentarse, desplazarse y comunicarse. Su memoria es fragmentada y su comportamiento ha cambiado drásticamente.
Lo más conmovedor es que, pese a su grave deterioro, cuando ve su uniforme policial intenta reincorporarse, como si una parte de su identidad previa siguiera luchando por salir a flote.
Las órdenes del día: una instrucción fuera de la ley
Los testimonios recogidos por la Fiscalía revelan que aquel día, de manera completamente inusual, los suboficiales de la comisaría fueron instruidos a presentarse con ropa deportiva. Minutos después, ante la ausencia de ciudadanos en la dependencia, la oficial a cargo ordenó que varios policías realizaran labores de limpieza y mantenimiento, funciones explícitamente prohibidas por el reglamento institucional.
Roger fue asignado a limpiar las ventanas ubicadas en el tragaluz del primer piso, una zona elevada y riesgosa. No tenía equipos de seguridad, no recibió capacitación y no existían protocolos para realizar dicha tarea.
La normativa de la PNP es inequívoca: ningún suboficial puede ser obligado a realizar labores no vinculadas al servicio policial. Sin embargo, la orden fue dada y cumplida.
La caída mortal
Mientras limpiaba el tragaluz, Roger perdió el equilibrio y cayó al sótano, a casi cuatro metros de altura. Lo hallaron inconsciente, sangrando por los ojos, nariz y oídos. No había ambulancia disponible, por lo que sus compañeros, desesperados, lo envolvieron en una frazada y lo trasladaron en la tolva de un patrullero al Hospital María Auxiliadora.
El diagnóstico fue contundente: traumatismo craneoencefálico severo, fractura de cráneo, daño neurológico irreversible.
La primera comunicación a la familia hablaba de un accidente de tránsito, versión que no coincidía con la realidad. Con el avance de las pesquisas, surgieron declaraciones contradictorias de la capitana investigada, quien intentó sostener que el suboficial se habría lanzado voluntariamente, algo que fue desmentido por los nueve policías presentes. Ninguno mencionó juegos, retos o actos temerarios previos.
Un proceso lento y un apoyo institucional insuficiente
La atención médica también estuvo marcada por la negligencia. El control en el hospital policial fue programado para cinco meses después del alta, un plazo absurdo para un paciente en condición crítica. Solo gracias a la intervención de un comité externo se logró adelantar la cita.
La familia insiste en que Roger necesita una placa de titanio y terapia médica especializada constante. A pesar de ello, denuncian que la institución policial ha avanzado con lentitud en el apoyo, obligándolos a cubrir gastos diarios que superan sus posibilidades.
La capitana que habría dado la orden enfrenta una investigación por abuso de autoridad y lesiones graves. Las declaraciones recogidas sostienen que la limpieza del tragaluz fue una orden indebida y que no existió ningún acto voluntario de riesgo por parte del suboficial. Los padres de Roger exigen justicia y una reparación integral.
