El Gobierno de Dina Boluarte atraviesa un nuevo escándalo tras la difusión de un audio que involucra al entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en presuntas gestiones ilegales a favor de un delincuente condenado. La grabación, revelada por el programa Panorama, muestra cómo Santiváñez utilizó su cargo para interceder por Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’, un expolicía sentenciado por integrar la organización criminal ‘Los Injertos K&k’
Santiváñez como abogado desde el Ministerio
El material evidencia que Santiváñez actuaba en simultáneo como funcionario público y abogado particular, lo que configura el delito de peculado de uso. Desde su despacho ministerial, solicitó al entonces titular de Justicia, Eduardo Arana, que trasladara a Salirrosas a un pabellón más favorable dentro del penal El Milagro, en Trujillo.
En la conversación se escucha a Santiváñez decir: “Te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo”, a lo que Arana responde: “Lo veo ahorita. Lo veo ahorita”. El diálogo sugiere un intercambio de favores entre ministros, lo que compromete la independencia del sistema penitenciario.
Posible tráfico de influencias y presuntos cobros ilegales
El audio también confirma que Santiváñez gestionaba recursos legales en favor de su cliente. Según la investigación, presentó un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional por el cual habría cobrado 20.000 dólares. Una familiar de Salirrosas refuerza esta versión al señalar: “Miguel hasta el día de hoy confía en usted. Él puso toda su confianza en usted”.
Estos hechos muestran cómo el exministro, en lugar de resguardar la seguridad ciudadana, utilizaba su cargo para favorecer a un condenado por crimen organizado, aprovechando su acceso a otros ministerios y recursos estatales.
Uso de la nueva ley de crimen organizado
Otro punto clave del audio es la mención a la nueva ley sobre crimen organizado, vigente desde 2025. Santiváñez explica que esta norma podría beneficiar a Salirrosas, aunque su condena fue por asociación ilícita para delinquir y no por organización criminal.
En sus propias palabras: “La nueva norma de crimen organizado está lista para quienes están en organización criminal. Pero a Marcelo no lo han sentenciado por organización, sino asociación ilícita para delinquir”. Este análisis revela que el exministro buscaba interpretaciones legales favorables para reducir la condena de El Diablo.
Incluso llega a mencionar la posibilidad de una revisión de sentencia extraordinaria, lo que confirmaría que su actuación iba más allá de un pedido puntual: se trataba de una estrategia integral para alterar fallos judiciales.
Implicancias políticas y legales
Este caso coloca bajo la lupa al Gobierno de Dina Boluarte, al mostrar que ministros de Estado pudieron haber operado como gestores de intereses personales y criminales. El uso indebido de cargos ministeriales para beneficiar a delincuentes condenados compromete seriamente la legitimidad institucional.
Además, el hecho de que el audio se grabara dentro de un despacho oficial demuestra cómo se usaba el ministerio como si fuera un bufete privado, debilitando la confianza ciudadana en las autoridades encargadas de la seguridad interna.
Reacciones y cuestionamientos
La revelación ha generado un fuerte rechazo social y político. Diversos analistas advierten que el caso podría configurar delitos de tráfico de influencias, peculado de uso y patrocinio ilegal, todos penados en el Código Penal peruano.
El Congreso y la Fiscalía deberán determinar si se abre un proceso contra los involucrados y si la presidenta Dina Boluarte tenía conocimiento de estas gestiones. Mientras tanto, la opinión pública reclama transparencia, investigación inmediata y sanciones ejemplares.
Con esta filtración, el caso Santiváñez se convierte en una de las pruebas más contundentes de cómo altos funcionarios del Gobierno peruano habrían utilizado el poder político para beneficiar a criminales, profundizando la crisis de confianza en las instituciones del país.
