Un nuevo escándalo sacude los cimientos del sistema judicial peruano. El exministro de Justicia, Juan José Santiváñez Antunes, y el magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Gustavo Gutiérrez Ticse, se encuentran en el ojo de la tormenta tras la difusión de una investigación periodística que los vincula con un presunto caso de tráfico de influencias dentro del máximo órgano constitucional del país.

La denuncia, presentada por Panamericana Televisión, apunta a la existencia de un presunto nexo entre ambos personajes, con el propósito de obtener resoluciones favorables en expedientes sensibles, utilizando como intermediaria a una exasistente del TC identificada como Kenita Jaque de la Cruz.

Chats comprometedores y una supuesta intermediaria

Según la investigación, el vínculo entre Santiváñez y el despacho de Gutiérrez Ticse se habría materializado a través de mensajes de WhatsApp, en los que el ahora ministro se comunicaba con la familia del policía Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, un sentenciado por crimen organizado.

Uno de los mensajes más reveladores decía: “Hola Kenita, buenos días, está en la lista para la próxima audiencia… lo de Marcelo”.

Este texto habría sido reenviado por Santiváñez a la familia del sentenciado, lo que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, demostraría un canal directo con la asistente del magistrado para agilizar la inclusión del expediente en la agenda de audiencias del TC.

Además, el exabogado habría solicitado $20.000 dólares para supuestos “asesores externos” con contactos dentro del Tribunal. En total, la familia de Salirrosas habría entregado 20.000 soles en honorarios y 20.000 dólares adicionales a cambio de una presunta gestión que nunca se concretó.

Negaciones y contradicciones

La joven Kenita Jaque de la Cruz, quien efectivamente trabajó como asistente en la Sala Dos del Tribunal Constitucional, reconoció conocer al magistrado Gutiérrez Ticse desde “hace muchos años”, pero negó rotundamente cualquier relación con Santiváñez o haber participado en algún tipo de intermediación.

“Rechazo rotundamente (la acusación). Sí uso mi nombre, lo denunciaría. Nunca he tenido contacto con el señor Juan José Santiváñez”,declaró la mencionada.

Por su parte, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse también negó toda vinculación, señalando ante la fiscalía que no conoce al ministro ni ha sostenido relación directa o indirecta con él.

No obstante, el informe periodístico indica que Gutiérrez Ticse integró la sala que redujo parcialmente la condena de otro sentenciado por crimen organizado, Eber Riquelme Juárez Moya, quien pasó de 22 a 16 años de prisión. Este hecho, según analistas judiciales, evidenciaría la influencia interna que podía tener dicha sala, precisamente donde laboraba Kenita Jaque.

Un caso que compromete a Juan José Santiváñez

El cliente de Santiváñez, el policía Marcelo Salirrosas, fue condenado a 27 años de cárcel por el delito de organización criminal. La supuesta red de influencias buscaba revertir esa sentencia mediante un habeas corpus presentado ante el Tribunal Constitucional.

Pese a las promesas, el fallo fue adverso: el TC declaró infundado el recurso y confirmó la pena. A partir de ese momento, la familia del sentenciado habría intentado recuperar el dinero entregado. Según la denuncia, volvieron a contactar a Santiváñez ya como ministro, exigiendo la devolución de los $20.000 dólares y un nuevo “favor”: mejorar las condiciones carcelarias del interno.

Implicancias políticas y judiciales

La denuncia llega en un momento de creciente desconfianza hacia las instituciones del país. El exministro de Justicia, quien tienía a su cargo la Política Anticorrupción Nacional, se enfrenta a serios cuestionamientos éticos. Mientras tanto, en el Tribunal Constitucional, la sombra de presuntos arreglos internos vuelve a encender las alarmas sobre la independencia judicial.

Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni el Tribunal Constitucional han emitido un comunicado oficial sobre el caso. Sin embargo, fuentes judiciales adelantaron que la Fiscalía de la Nación podría abrir investigación preliminar contra Santiváñez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y colusión.

El escándalo, además de involucrar a un ministro en funciones, reaviva el debate sobre el uso indebido de contactos dentro del sistema judicial y la necesidad de mecanismos de transparencia que impidan que los despachos constitucionales sean instrumentalizados para intereses particulares.