La concentración duró una hora para evitar interferir con las labores judiciales.

Este jueves 9 de octubre, jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima realizaron un plantón en los exteriores del Palacio de Justicia a partir de la 1:00 p.m., en rechazo a diversas iniciativas impulsadas por el Congreso de la República que, según afirman, afectan la independencia del Poder Judicial.

Los magistrados explicaron que la protesta responde a propuestas legislativas que buscan sancionar a jueces y fiscales penales por el ejercicio de sus funciones, impedir que las acciones del Congreso sean cuestionadas judicialmente y modificar las reglas de votación, lo que afecta el debido proceso competencial. Estas propuestas serán discutidas y votadas por el Parlamento en los próximos días.

Comunicado de jueces y magistrados en defensa de la autonomía judicial

En paralelo a la protesta, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, la Asociación Nacional de Magistrados del Perú y la Asociación Peruana de Mujeres Juezas emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su preocupación por los proyectos de ley aprobados por la Comisión de Constitución y Derechos Humanos del Congreso, los cuales consideran que atentan contra la autonomía e independencia de jueces y fiscales.

Según el comunicado, el Congreso estaría intentando «criminalizar la función jurisdiccional y fiscal», al modificar el Código Penal para considerar como delito las diferencias de criterio en la toma de decisiones judiciales. Asimismo, denuncian la creación de una «comisión política» para investigar a jueces y fiscales por su labor, lo que, aseguran, vulnera la independencia de los poderes del Estado.

CRÍTICAS A LEYES QUE AFECTAN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Las asociaciones judiciales también señalaron que varias leyes aprobadas recientemente por el Congreso, como las Leyes 31571, 31989, 31990, 32104, 32017, 32054 y 32108, incrementan la delincuencia pública y debilitan al Ministerio Público y al Poder Judicial en la lucha contra la criminalidad organizada. Entre sus principales críticas, destacan que estas leyes:

• Modifican los plazos de prescripción.
• Recortan los plazos en los procesos de colaboración eficaz.
• Impiden la incautación de bienes usados en la minería ilegal.
• Excluyen a los partidos políticos de responsabilidad penal.
• Promueven la impunidad para terroristas y exmilitares.
• Modifican el concepto de organización criminal.
• Exigen que los allanamientos se realicen solo en presencia del abogado del investigado.

Estas medidas, según los jueces y magistrados, ponen en riesgo la seguridad ciudadana y debilitan la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad organizada.