La Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM) expresó su rechazo a las declaraciones del congresista Jorge Montoya y a la denuncia disciplinaria que presentó ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el juez Jorge Luis Chávez Tamariz.
La controversia surge luego de que el magistrado decidiera inaplicar, mediante control difuso, la ley de lesa humanidad en un proceso seguido contra expolicías de la Base de Operaciones Contrasubversivas de Illahuasi, investigados por presunto asesinato ocurrido en 1983.
Cuestionamientos desde el Congreso
El parlamentario Jorge Montoya calificó al juez como “politizado y prevaricador”, al considerar que su decisión contraviene una norma que —según sostuvo— ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional del Perú y, por tanto, debe ser aplicada obligatoriamente por todos los jueces.
Además, cuestionó la continuidad del proceso judicial por hechos ocurridos hace más de cuatro décadas, lo que ha generado una fuerte reacción en el ámbito jurídico.
Defensa de la independencia judicial
Frente a ello, JUSDEM emitió un pronunciamiento en el que subraya que la función jurisdiccional en el Perú se ejerce con plena independencia, conforme a la Constitución y a los tratados internacionales suscritos por el Estado.
En esa línea, advirtió que sancionar disciplinariamente a un juez por el contenido de sus decisiones constituye una vulneración al artículo 139 inciso 2 de la Constitución, que garantiza la autonomía del Poder Judicial frente a injerencias externas.
“La función jurisdiccional implica que los jueces resuelvan conforme a derecho, sin presiones ni interferencias”, señala el comunicado.
La asociación explicó que el control difuso y el control de convencionalidad son herramientas legítimas que permiten a los jueces inaplicar normas que consideren incompatibles con la Constitución o los tratados internacionales, siempre en el marco de un caso concreto.
Por ello, sostienen que las decisiones adoptadas bajo estos criterios no pueden ser objeto de sanciones disciplinarias, ya que forman parte de las atribuciones inherentes a la labor judicial.
Vías legales adecuadas
JUSDEM también cuestionó que el congresista haya optado por la vía disciplinaria ante la JNJ, en lugar de recurrir a los mecanismos legales establecidos para impugnar resoluciones judiciales, como los recursos procesales correspondientes.
A su juicio, acudir a sanciones administrativas desnaturaliza el sistema de justicia y debilita el principio de separación de poderes.
Finalmente, la organización expresó su preocupación por las declaraciones de Montoya, al considerar que atribuir supuestas infiltraciones ilícitas en el sistema judicial sin pruebas verificables resulta irresponsable y afecta la legitimidad de las instituciones.
“Este tipo de afirmaciones no solo carecen de sustento, sino que también resultan antidemocráticas”, enfatizó el gremio de jueces.
