Esta ley, que modificó la descripción legal del delito de crimen organizado, fue publicada en agosto de 2024 y ha generado controversia por su presunto uso en favor de investigados.
El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ha declarado inaplicable la Ley 32108 en el caso de Zenovia Griselda Herrera Vásquez, investigada por los delitos de tráfico de influencias y organización criminal en el caso “Los Waykis en la Sombra”.
La defensa de Herrera Vásquez había solicitado una excepción de improcedencia de acción, la cual fue rechazada por el juez Concepción Carhuancho, quien aplicó el control difuso y el control de convencionalidad. Este fallo convierte al magistrado en el segundo juez de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada que se pronuncia en contra de la ley. El primero fue el juez Jorge Chávez Tamariz, a través de un análisis comparado del derecho.
Según Concepción Carhuancho, la Ley 32108 “violenta los derechos a la seguridad personal y a vivir en una sociedad libre de corrupción”, argumentando que la norma favorece intereses particulares. En su decisión, el juez menciona que el congresista Waldemar Cerrón Rojas, autor de la ley y también investigado por organización criminal y tráfico de influencias, buscó beneficiarse de la misma para archivar su propio caso, lo que refuerza la sospecha de que la ley fue aprobada con un propósito personal.
Controversia sobre la Ley 32108
La Ley 32108 ha generado divisiones en el Poder Judicial. Mientras que la Corte Suprema, bajo la ponencia del juez supremo César San Martín, decidió aplicar esta norma en otros casos, Concepción Carhuancho sostiene que la ley “no protege a la sociedad del crimen organizado”, sino que busca garantizar la impunidad de ciertos investigados. Su argumento es que la ley fue promulgada para beneficiar a personas vinculadas a delitos de corrupción.
Entre las críticas a la ley, destacan las declaraciones del exprocurador anticorrupción José Ugaz y la exmagistrada del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma, quienes afirman que la norma “representa los intereses del crimen organizado” y no los del pueblo.
El caso de Zenovia Herrera y su vínculo con el caso “Los Waykis en la Sombra”
Herrera Vásquez, exjefa del programa Qali Warma, está acusada de haber formado parte de una organización criminal junto a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, para recolectar firmas de manera ilícita y así inscribir el partido ‘Ciudadanos por el Perú’. La fiscalía le imputa los delitos de tráfico de influencias y organización criminal en este contexto.
El fallo de Concepción Carhuancho será apelado por Herrera Vásquez, quien buscará que su caso sea revisado por la Sala Penal Nacional de Apelaciones. Si la apelación es rechazada, es probable que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia.
