La magistrada peruana Luz Ibáñez Carranza, la única representante del Perú en la Corte Penal Internacional (CPI), atraviesa uno de los episodios más complejos y polémicos de su carrera judicial. Estados Unidos le ha impuesto sanciones administrativas que afectan gravemente su vida cotidiana, mientras que Rusia la ha condenado a prisión en represalia por decisiones adoptadas por el tribunal internacional en el marco de investigaciones por crímenes de guerra.
Las medidas, según ha denunciado la propia Ibáñez, no solo la afectan a ella, sino también a su entorno familiar más cercano. Su hija, de acuerdo con el testimonio de la jueza, también ha sido alcanzada por las restricciones impuestas por las autoridades estadounidenses, lo que ha generado una situación de vulnerabilidad personal inédita para una magistrada internacional en ejercicio.
Luz Ibáñez cuenta con una extensa trayectoria en el sistema de justicia peruano. Durante más de 35 años se desempeñó como fiscal en el Ministerio Público, donde asumió casos emblemáticos de alta complejidad. Uno de los más relevantes fue la investigación y acusación contra Abimael Guzmán Reynoso, cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, proceso que culminó con la condena del líder subversivo y que marcó un hito en la lucha del Estado peruano contra el terrorismo.
Tras su paso por la fiscalía peruana, Ibáñez desarrolló una carrera como abogada internacionalista, participando en misiones en países afectados por conflictos armados. Al momento de recibir las sanciones estadounidenses, se encontraba trabajando en Mali, en África. Según relató, fue notificada mediante un correo electrónico enviado por la embajada de Estados Unidos, en el que —invocando disposiciones de su legislación migratoria— se le comunicó la cancelación inmediata de su visa.
Las sanciones impuestas por EE.UU. han tenido un impacto directo en su vida diaria. Ibáñez denunció que no puede utilizar tarjetas de crédito, adquirir pasajes aéreos, realizar reservas hoteleras ni siquiera acceder a servicios básicos como solicitar un taxi por aplicativo. “Me han puesto en la misma línea que Osama Bin Laden y el Chapo Guzmán”, afirmó, al describir el alcance de las restricciones financieras y logísticas que enfrenta.
La magistrada atribuye estas represalias a decisiones adoptadas por la Corte Penal Internacional en el ejercicio de su mandato. En particular, menciona la apertura de una investigación por presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, que podría involucrar a militares estadounidenses, así como el proceso que contempla una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por hechos vinculados al conflicto en Gaza.
A estas sanciones se suma una medida aún más extrema adoptada por la Federación Rusa. El pasado 12 de noviembre, Rusia condenó a prisión a varios jueces y fiscales de la CPI, entre ellos Luz Ibáñez, como respuesta a la orden de arresto emitida por el tribunal internacional contra el presidente ruso Vladímir Putin por crímenes de guerra cometidos durante la invasión a Ucrania.
Lejos de interpretar esta condena como una amenaza, la magistrada peruana expresó que la recibió como un reconocimiento simbólico. “Lo sentí como una condecoración de la democracia y el derecho internacional”, declaró en una entrevista concedida a la BBC, reafirmando su compromiso con la justicia internacional y la defensa de los derechos humanos, incluso frente a presiones de grandes potencias.
El caso de Luz Ibáñez vuelve a poner en evidencia las tensiones existentes entre la Corte Penal Internacional y los Estados que no reconocen su jurisdicción o que se sienten afectados por sus decisiones. También reabre el debate sobre la protección y las garantías con las que cuentan los magistrados internacionales cuando sus fallos afectan intereses geopolíticos de alto nivel.
Para el Perú, la situación reviste una relevancia especial. Ibáñez no solo es la única jueza peruana en la CPI, sino también una figura emblemática del sistema de justicia nacional. Las sanciones y condenas en su contra plantean interrogantes sobre el respaldo diplomático del Estado peruano y el rol que debe asumir frente a posibles vulneraciones de los derechos de sus representantes en organismos internacionales.
En un contexto global marcado por conflictos armados, disputas geopolíticas y cuestionamientos al derecho internacional, el caso de Luz Ibáñez se convierte en un símbolo de los costos personales que puede implicar la defensa de la legalidad internacional frente a los intereses de las grandes potencias.
