La asesora de la bancada de Renovación Popular, Katherine Ampuero, ha generado polémica tras brindar declaraciones sobre temas ajenos a su función en los pasillos del Congreso de la República. Ampuero, quien cumple un rol técnico dentro del Legislativo, utilizó las instalaciones del Estado para abordar asuntos que no guardan relación con su labor como funcionaria pública.
Este hecho ha despertado cuestionamientos sobre el uso indebido de espacios oficiales para fines personales o políticos. La controversia se agrava al recordar el caso del fiscal José Domingo Pérez, a quien se le abrió un proceso disciplinario por realizar una audiencia virtual desde su oficina en la Fiscalía en un caso que lo involucra de manera personal.
Las críticas apuntan a una aparente falta de uniformidad en la aplicación de criterios disciplinarios en la administración pública. Según expertos consultados por este medio, mientras a Pérez se le sometió a una investigación por el uso de su oficina en un procedimiento que lo afectaba, hasta el momento no se ha anunciado ninguna medida contra Ampuero por emplear el Congreso para fines ajenos a su asesoría legislativa.
Incluso, este hecho le debería hacer acreedora de una investigación al nivel del fiscal José Domingo Pérez, ya que se establece que esto configura una infracción al artículo 388 del Código Penal, por el presunto delito de peculado de uso, dijeron los especialistas consultados por este medio.
Diversas voces han señalado que este tipo de actos deben ser evaluados con la misma rigurosidad, sin distinciones políticas. ¿Se aplicará el mismo estándar a todos los funcionarios públicos? La respuesta queda en manos de las instancias de control del Congreso.
Fiscalía dispuso investigar a José Domingo Pérez por presunto peculado de uso
En febrero del presente año, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima dispuso iniciar una investigación preliminar contra el integrante del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, por un plazo de 60 días por presuntamente haber cometido el delito de peculado de uso.
La acusación se presentó en junio del año pasado y sostiene que el fiscal habría usado recursos e instalaciones del Ministerio Público para su defensa durante una audiencia. La denuncia fue presentada por el abogado y exconsejero regional de Moquegua, Luis Miguel Caya Salazar.
La exautoridad edil sostiene que el integrante de la Fiscalía aprovechó su despacho, equipos electrónicos, mobiliario y otros recursos del Estado para realizar sus alegatos en una sesión de tutela de derechos del 29 de mayo de 2024.
Elizabeth Marticorena Patiño asumió las indagaciones el pasado 27 de noviembre de 2024, luego que la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos le remitiera las investigaciones a su despacho.
