El Tribunal Constitucional (TC) del Perú decidió anular el caso Cócteles, investigación emblemática que involucraba a Keiko Fujimori y a su partido Fuerza Popular por presunto lavado de activos y organización criminal en la financiación de sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

El fallo, emitido tras la evaluación de un hábeas corpus presentado por la defensa de la lideresa fujimorista, deja sin efecto las investigaciones y el proceso judicial impulsado por el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del caso Lava Jato.

El argumento del Tribunal Constitucional

En su resolución, el TC sostuvo que la acusación contra Fujimori carecía de sustento jurídico y que se había configurado una vulneración de los principios constitucionales de legalidad y tipicidad penal.

El tribunal consideró que los hechos atribuidos a la excandidata presidencial no constituían delito en el momento en que ocurrieron, dado que la figura penal del lavado de activos no estaba definida con precisión legal en esa época.

El fallo señala además que las actuaciones del Ministerio Público excedieron los límites del debido proceso y que la persecución penal se basó en interpretaciones retroactivas de la ley, lo cual vulnera derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

La defensa de Keiko Fujimori celebra el fallo

La abogada Giulliana Loza, representante legal de Keiko Fujimori, celebró la decisión y afirmó que con ello “se reconoció que fue investigada por hechos que no eran delito”.

“Después de más de siete años de persecución, se hace justicia. El Tribunal Constitucional ha corregido un exceso del sistema judicial al reconocer que no existía base legal para la acusación”, declaró Loza a medios de comunicación tras conocerse la sentencia.

De esta manera, el caso Cócteles, considerado una de las principales investigaciones derivadas del caso Lava Jato en el Perú, queda archivado de forma definitiva, marcando un giro judicial a favor de la lideresa de Fuerza Popular.

El trasfondo del caso y su impacto político

El proceso judicial se originó a partir de las contribuciones económicas recibidas por Fuerza Popular durante las campañas de 2011 y 2016, bajo sospecha de que parte del dinero provenía de aportes no declarados de empresas vinculadas a Odebrecht.

La Fiscalía sostenía que Keiko Fujimori lideraba una organización criminal dedicada al lavado de dinero a través de eventos y cócteles de recaudación. Sin embargo, la defensa negó siempre las acusaciones, asegurando que todos los aportes fueron voluntarios y registrados conforme a ley.

El archivamiento del caso representa una victoria política y judicial para Keiko Fujimori, quien actualmente evalúa su participación en las elecciones generales de 2026. Analistas coinciden en que este fallo del TC fortalece su imagen dentro del fujimorismo y podría darle un nuevo impulso en el escenario político nacional.

Por su parte, sectores críticos consideran que la decisión del Tribunal socava los esfuerzos del sistema anticorrupción, al dejar sin sanción una de las investigaciones más representativas del caso Lava Jato en el Perú.

Con la resolución del TC, el caso Cócteles queda cerrado y Keiko Fujimori libre de proceso penal por presunto lavado de activos. La decisión marca un punto de inflexión tanto en la historia judicial del país como en la trayectoria política de la lideresa fujimorista.

A pesar del archivamiento, el fallo genera debate en la opinión pública: mientras sus simpatizantes celebran el “fin de una persecución política”, sus detractores alertan que el mensaje del Tribunal podría debilitar la lucha contra la corrupción de alto nivel.