El ministro del Interior, Carlos Malaver Odías, defendió las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre la ola de extorsiones y el paro nacional de transportistas, luego de que la mandataria instara a los ciudadanos a “no abrir llamadas ni mensajes desconocidos” como medida de prevención ante la criminalidad.
Durante su presentación en la Comisión de Defensa del Congreso, el titular del Interior fue consultado sobre el alcance de estas declaraciones, las cuales fueron duramente criticadas por considerar que minimizan la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país. Sin embargo, Malaver aseguró que el mensaje de la jefa de Estado fue “lógico” y “responsable”.
“Lo que ha dicho la señora presidenta (Dina Boluarte) es cierto. Lamentablemente vivimos en una etapa donde estamos dependientes de la tecnología y, sobre todo, del teléfono. Por eso, la recomendación la reafirmo: teléfonos desconocidos, no contesten”, expresó el ministro Carlos Malaver ante los medios de prensa.
Contexto: paro de transportistas y ola de extorsiones
El pronunciamiento de Dina Boluarte y del ministro Malaver se da en medio del paro nacional de transportistas convocado este lunes 6 de octubre en Lima y Callao, en protesta por el asesinato de un chofer de la empresa Lipetsa y la creciente ola de extorsiones y asesinatos en el sector.
Durante su discurso en Chorrillos, la mandataria señaló que los transportistas debían “reflexionar” sobre la medida de fuerza, ya que un paro de 24 o 48 horas no resolvería el problema de la criminalidad. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a no responder llamadas ni mensajes sospechosos para evitar caer en redes de extorsión.
“A la ciudadanía en general: no abran esas llamadas, no abran esos mensajes”, pero sí anoten el número y denúncielo a la PNP. Si el número tiene código del extranjero, no respondan”, recomendó la presidenta Dina Boluarte.
Las declaraciones generaron una ola de críticas en redes sociales y entre especialistas en seguridad, quienes consideraron la respuesta “simplista” ante una problemática estructural que involucra a mafias de extorsión, sicariato y corrupción policial.
Malaver justifica la postura del Gobierno
El ministro del Interior, sin embargo, respaldó completamente el mensaje de Boluarte, argumentando que la advertencia busca proteger a los ciudadanos de fraudes y delitos cibernéticos.
“No podemos estar sin atender la telefonía. Pero la nueva modalidad que se está incrementando es la ciberdelincuencia. Los delincuentes clonan la información del teléfono o vacían las cuentas bancarias. Por eso, hay que tener mucho cuidado a quién se le contesta”, afirmó Malaver.
Asimismo, pidió a los medios y a la opinión pública “más respeto” ante las críticas que calificaron las declaraciones de la mandataria como “infantiles”.
“No es una respuesta infantil, un poco más de respeto ¿Ustes dejaría entrar a su casa a alguien que no conoce? Es lo mismo con el teléfono: hay que tener cuidado a quién se le abre la puerta”, respondió el titular del Mininter ante la prensa.
Cultura de la denuncia y ciberdelincuencia
Malaver insistió en que el Ministerio del Interior está “apostando por la cultura de la denuncia” e instó a los ciudadanos a reportar cualquier intento de extorsión o fraude digital a la Policía Nacional del Perú (PNP).
“Estamos apostando por la cultura de la denuncia. Lo que buscamos es que la ciudadanía no se quede callada y reporte los casos a la Policía”, subrayó.
El ministro señaló que, en los últimos meses, los casos de ciberdelincuencia han crecido exponencialmente en el país, y que muchos ciudadanos caen en trampas digitales tras contestar mensajes falsos o descargar archivos maliciosos.
“Los delincuentes llaman o envían mensajes ofreciendo remesas, préstamos o premios. Cuando el ciudadano responde o descarga algo, pueden vacíar sus cuentas bancarias. Las recomendaciones de la presidenta van ese camino preventivo”, explicó Malvaer Odrías.
Críticas a la falta de acciones concretas
Pese al respaldo del ministro, las declaraciones de Boluarte continúan siendo objeto de debate. Diversos analistas sostienen que el Gobierno no ha presentado una estrategia integral contra la extorsión y el crimen organizado, que afecta especialmente a los transportistas y empresarios del norte del país.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, solo en 2025 se registraron más de 2.000 denuncias por extorsión en Lima y Callao, muchas vinculadas a mafias que operan desde las cárceles.
En este contexto, las medidas preventivas planteadas por el Ejecutivo se perciben como insuficientes, mientras el país demanda acciones concretas, inteligencia policial efectiva y control penitenciario real.
