El futuro penitenciario del expresidente Martín Vizcarra continúa generando debate. El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, declaró que, de acuerdo con la normativa vigente y la puntuación obtenida por el exmandatario en el proceso de clasificación, debería cumplir sus cinco meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho y no en el de Barbadillo, como inicialmente se dispuso.
Irregularidades en la clasificación inicial
El pasado 20 de agosto, se revelaron irregularidades en la labor de la Junta Técnica de Clasificación, órgano encargado de determinar el establecimiento penitenciario donde debe cumplir reclusión cada procesado o condenado. Según la resolución directorial que citó Paredes, este proceso es obligatorio antes del ingreso de cualquier interno a una cárcel.
En el caso de Vizcarra, la Junta le otorgó un puntaje de 10, lo que lo ubicaría dentro del rango que corresponde al penal de Lurigancho. Sin embargo, fue trasladado inicialmente a Barbadillo, donde actualmente cumplen condena o prisión preventiva otros expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
“Según el puntaje que le pusieron a Martín Vizcarra es 10. Por lo tanto, según la resolución vigente, debería ir a Lurigancho”, sostuvo el jefe del INPE en conversación con RPP.
Decisión pendiente sobre el futuro de Vizcarra
Pese a las declaraciones de Paredes, aún no existe una decisión final sobre el destino penitenciario de Vizcarra. El funcionario precisó que la resolución será evaluada y emitida este viernes 22 de agosto. Además, aclaró que no es el jefe del INPE quien determina directamente el penal de reclusión, sino la propia Junta Técnica de Clasificación, la cual goza de autonomía según lo establece la normativa.
“El derecho administrativo también tiene sus normas, no hay ninguna que diga que una decisión debería ser reevaluada. Lo que sí existe es un pedido de nulidad. Todavía no hay resolución definitiva”, explicó Paredes.
En ese sentido, reiteró que mientras no se emita la decisión oficial, no puede afirmarse que el expresidente vaya a Barbadillo o a Lurigancho, aunque insistió en que, de acuerdo con el puntaje asignado, “debería corresponder” este último.
INPE rechaza injerencia política
El debate sobre la ubicación penitenciaria de Vizcarra también generó cuestionamientos sobre una posible intervención del Ejecutivo. Ante ello, el jefe del INPE rechazó categóricamente cualquier injerencia externa y defendió la independencia de su institución.
“En el INPE no interfiere nadie: ni la presidenta, ni empresa privada, ni pública, ni el periodismo, ni los abogados más renombrados del Perú”, enfatizó Paredes, respondiendo a un comunicado que la entidad emitió tras las versiones de presiones desde Palacio de Gobierno.
El pronunciamiento buscó aclarar los rumores surgidos a raíz de declaraciones de los abogados de Vizcarra y de publicaciones periodísticas que apuntaban a una supuesta influencia política en la decisión.
Un caso que marca precedente
El proceso que enfrenta Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, en los que se le imputa la presunta recepción de sobornos durante su gestión como gobernador regional, ha colocado nuevamente al sistema penitenciario bajo los reflectores. La discusión sobre su clasificación penitenciaria no solo impacta en su situación particular, sino que también podría sentar un precedente sobre la transparencia y autonomía en el manejo de internos de alta relevancia política.
Mientras se espera la resolución de la Junta de Clasificación, el caso sigue generando expectativa y mantiene en tensión tanto a la clase política como a la opinión pública, que observa con atención si el expresidente será finalmente trasladado a Lurigancho o permanecerá en Barbadillo junto a otros exmandatarios.
