La evacuación de emergencia del expresidente Martín Vizcarra desde el penal de Barbadillo hacia un centro de salud en Ate Vitarte volvió a poner en agenda pública la situación médica y judicial del exmandatario, actualmente condenado por delitos de corrupción. El hecho ocurrió este lunes y, en un primer momento, generó incertidumbre debido a la falta de información oficial sobre las causas del traslado y el estado de salud del interno.
De acuerdo con la versión inicial difundida por su equipo de prensa, Vizcarra Cornejo fue llevado de urgencia a un hospital de EsSalud ubicado en Ate Vitarte. Sin embargo, horas después, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) precisó que el exjefe de Estado acudió al hospital Lima Este Vitarte, establecimiento del Ministerio de Salud (MINSA), para una cita médica previamente programada, bajo estrictas medidas de seguridad.
A través de sus canales oficiales, el INPE informó que, tras recibir la atención correspondiente, Vizcarra ya se encuentra nuevamente en el establecimiento penitenciario de Barbadillo “en condiciones normales”. Esta aclaración buscó disipar las versiones que circulaban en redes sociales y medios digitales sobre una presunta crisis de salud de mayor gravedad.
No es la primera vez que el nombre del exmandatario aparece vinculado a un traslado médico desde prisión. En diciembre del año pasado, Vizcarra también fue evacuado al mismo hospital tras sufrir una descompensación relacionada con una afección cardiaca que padece. En aquella oportunidad, recibió atención especializada y retornó al penal sin mayores complicaciones, siempre bajo la custodia del INPE.
La reiteración de estos episodios ha generado debate sobre las condiciones de salud de los internos en penales de alta seguridad y, particularmente, sobre los protocolos de atención médica para personas privadas de libertad que enfrentan enfermedades crónicas. En el caso de Vizcarra, su situación adquiere especial relevancia debido a su pasado como jefe de Estado y al alto perfil de los procesos judiciales que lo involucran.
Actualmente, Martín Vizcarra cumple una condena de 14 años de prisión efectiva impuesta por el Poder Judicial, luego de ser hallado culpable por delitos de corrupción vinculados a los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Estos hechos se remontan a su gestión como gobernador regional de Moquegua, etapa en la que, según la sentencia, se habrían cometido graves irregularidades en la adjudicación de obras públicas.
La resolución judicial no solo contempla la pena privativa de la libertad, sino también nueve años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, además del pago de 730 días multa. Estas sanciones buscan marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en la función pública, un tema especialmente sensible en el contexto político peruano de los últimos años.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Vizcarra habría gestionado y recibido aproximadamente 2.3 millones de soles en sobornos por parte de las constructoras Obrainsa e ICCGSA. Estos pagos ilícitos, según la acusación fiscal, fueron determinantes para favorecer a dichas empresas en la adjudicación de proyectos estratégicos durante su administración regional.
El traslado médico de este lunes, aunque finalmente aclarado por el INPE como una atención programada, vuelve a colocar al exmandatario en el centro del debate público. Para algunos sectores, se trata de un procedimiento regular dentro de los derechos básicos de cualquier interno; para otros, cada movimiento del expresidente es observado con lupa debido al impacto político y mediático que aún conserva su figura.
Mientras tanto, el INPE ha reiterado que continuará garantizando la atención médica oportuna a todos los internos, en estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad y de los derechos humanos. En el caso de Martín Vizcarra, su estado de salud, aunque motivo de atención, no ha alterado su situación legal ni las condiciones de su reclusión en el penal de Barbadillo, donde seguirá cumpliendo la sentencia impuesta por el Poder Judicial.
