Este miércoles 30 de abril, el pleno del Congreso de la República debatirá el informe final emitido por la Sub-Comisión de Acusaciones Constitucionales, el cual recomienda inhabilitar por 10 años al expresidente de la República, Martín Vizcarra, por presuntamente haber disuelto el Poder Legislativo en el 2019 de manera irregular.

La propuesta de inhabilitar para ejercer cargos públicos también recae en el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. No obstante, para el exfuncionario solo sería 5 años a comparación de Vizcarra Cornejo.

El expresidente Martín Vizcarra Cornejo, una de las figuras más controversiales de la política peruana en los últimos años, enfrenta un complejo panorama judicial y político que le impide cualquier posibilidad de retorno a cargos de elección popular. A la fecha, dos inhabilitaciones vigentes emitidas por el Congreso de la República y una reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) han sellado su exclusión del escenario político institucional.

Inhabilitado por Vacunagate y el caso Obrainsa

Vizcarra fue sancionado con una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos, decisión adoptada por el Parlamento en abril de 2021. La medida está directamente relacionada con su implicación en el escándalo conocido como Vacunagate, en el cual se le acusó de haberse vacunado de forma irregular contra la COVID-19 cuando aún era jefe de Estado, antes del inicio oficial de la campaña de inmunización nacional.

La segunda inhabilitación proviene del caso Obrainsa, una investigación que involucra presuntos actos de corrupción en licitaciones de obras públicas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Esta inhabilitación refuerza el veto político contra Vizcarra, impidiéndole ejercer su derecho a ser candidato a la presidencia o al Congreso de la República.

Ambas inhabilitaciones tienen un efecto acumulativo que bloquea cualquier intento del exmandatario por volver a participar en elecciones generales o municipales, consolidando así un impedimento político de largo plazo.

Tribunal Constitucional desestima su intento de volver al Congreso

Como parte de su estrategia legal, Vizcarra interpuso una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional en un intento por ser reconocido como congresista electo. Argumentó que, pese a haber obtenido una importante votación en los comicios legislativos de 2021, su exclusión del Parlamento vulneró su derecho político a ser elegido.

No obstante, el 20 de diciembre de 2024, el TC declaró infundada dicha demanda, reafirmando que el proceso parlamentario que condujo a su inhabilitación no vulneró sus derechos fundamentales. Esta decisión representa un duro revés legal para el expresidente y cierra, al menos por ahora, cualquier posibilidad de que sea incorporado al Congreso.

Un futuro político comprometido

Con dos inhabilitaciones vigentes y el respaldo constitucional a dichas sanciones, el panorama de Martín Vizcarra dentro del sistema político peruano parece completamente bloqueado. Aunque ha mantenido presencia mediática y apoyo en ciertos sectores de la ciudadanía, los obstáculos legales lo colocan en una posición de marginalidad institucional.

El caso Vizcarra refleja las tensiones persistentes entre los poderes del Estado en el Perú, y pone en evidencia los límites legales del ejercicio de los derechos políticos cuando existen cuestionamientos éticos y jurídicos graves.