El expresidente de la República, Martín Vizcarra, podría enfrentar seis meses de prisión preventiva si el Poder Judicial acepta el pedido de la Fiscalía, que busca revocar la comparecencia con restricciones impuesta anteriormente. La medida se analiza en el contexto del proceso judicial por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, donde el exmandatario es acusado de recibir sobornos durante su gestión como gobernador regional.
Durante la audiencia de apelación, Vizcarra intervino para recordar que desde que fue vacado por el Congreso a raíz de estas investigaciones, ha cumplido con todas las disposiciones judiciales. Entre ellas, el impedimento de salida del país, la prohibición de visitar embajadas, el control biométrico mensual y la obligación de informar sobre sus actividades.
El juez Víctor Alcocer, quien dictó las medidas iniciales, descartó la prisión preventiva argumentando que no había una gravedad suficiente para justificar una medida tan severa. Según el magistrado, se podían aplicar medidas cautelares menos gravosas, como las ya impuestas, dado que no existía un riesgo alto de fuga o entorpecimiento del proceso.
Pese a ello, la Fiscalía, representada por el fiscal Germán Juárez del Equipo Especial Lava Jato, insiste en que la prisión preventiva es necesaria para garantizar el correcto desarrollo del juicio oral, el cual podría concluir en los próximos seis meses.
Por su parte, la defensa legal de Vizcarra, encabezada por el abogado Erwin Siccha, no solo se opone a la prisión preventiva, sino que también ha solicitado la anulación del juicio mediante un recurso de habeas corpus presentado ante el Tribunal Constitucional (TC).
El recurso busca dejar sin efecto dos resoluciones clave: el auto de enjuiciamiento y el auto de citación a juicio. La defensa sostiene que el exmandatario está siendo procesado dos veces por los mismos hechos —cohecho y colusión— lo que violaría el principio de ne bis in idem (no ser juzgado dos veces por el mismo hecho).
Este habeas corpus ya fue desestimado tanto por el Juzgado Constitucional como por la Segunda Sala Constitucional de Lima, las cuales argumentaron que las resoluciones judiciales cuestionadas no afectan directamente la libertad de Vizcarra, y que el proceso por colusión aún podría archivarse en etapa intermedia.
Ante la negativa, Siccha interpuso un recurso de agravio constitucional para que el caso llegue al TC. La intención no es anular completamente el proceso penal, sino unificar los delitos en un solo juicio para evitar contradicciones y arbitrariedades.
Mientras tanto, Vizcarra enfrenta una solicitud fiscal de 15 años de prisión por presunto cohecho pasivo propio, es decir, por recibir beneficios económicos indebidos mientras era gobernador. La resolución del TC sobre el habeas corpus podría llegar una vez concluido el juicio oral en primera instancia.
La decisión del Poder Judicial sobre la prisión preventiva será notificada en los próximos días a través de las casillas electrónicas. Esta resolución podría marcar un punto de inflexión no solo en el proceso penal de Vizcarra, sino también en su futuro político, pues una condena firme lo dejaría inhabilitado para cualquier cargo público.
