Fue lo que advirtió Jorge Chávez Cotrina en su frustrada visita al Congreso de la República.
El dictamen aprobado este jueves, en primera votación, redefine las organizaciones criminales como grupos con una «compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa», conformados por tres o más personas que actúan de manera concertada y coordinada para cometer delitos sancionados con más de seis años de cárcel. La votación, que concluyó con 51 votos a favor, 13 en contra y 32 abstenciones, contó con adhesiones de congresistas de todas las bancadas, excepto de Cambio Democrático – Juntos por el Perú.
Restricciones al Ministerio Público
Además, la nueva normativa impide que la fiscalía solicite al Poder Judicial el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias vinculadas a ingresos pensionarios o relacionadas con bienes y activos de partidos políticos. Esta medida busca proteger los fondos destinados a fines específicos, evitando su congelación durante investigaciones judiciales.
Procedimientos de Allanamiento
En cuanto a los allanamientos, la ley establece que estos deben realizarse con la presencia del involucrado y su abogado. Si el involucrado no cuenta con un abogado, se le proporcionará uno de oficio. Esta disposición ha generado controversia, ya que algunos congresistas argumentan que podría obstaculizar la recolección de pruebas.
La propuesta, presentada por el congresista Américo Gonza (Perú Libre), presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, se basa en un proyecto de ley de Waldemar Cerrón. Gonza destacó que el equipo técnico de la Comisión de Justicia se reunió con diversos congresistas y asesores para llegar a un consenso sobre la nueva fórmula legal.
Sin embargo, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) criticó la propuesta, argumentando que no se discutió adecuadamente con el Ministerio Público ni el Poder Judicial. «Están cambiando la calificación del delito de organización criminal sin mayor debate», sostuvo Luque.
Por su parte, Susel Paredes, también de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, cuestionó la obligatoriedad de la presencia del abogado durante los allanamientos. «El allanamiento tiene que ser sorpresivo, no dar tiempo a que guarden las pruebas», afirmó Paredes, recordando el reciente allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte en Surquillo por el Caso Rolex.
