Durante el mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte enfrentó protestas simbólicas por parte de congresistas de izquierda que le exigieron asumir responsabilidad por las muertes ocurridas en las manifestaciones sociales entre 2022 y 2023. En respuesta, el ministro de Salud, César Vásquez, descalificó públicamente dichas manifestaciones y acusó a los parlamentarios de buscar protagonismo político.
“Hemos visto ayer, en el Congreso, como congresistas que creo que buscan protagonismo político en estas épocas electorales le quitan la seriedad a los eventos. Parece más bien que se suman a la temporada circense”, declaró Vásquez ante la prensa. También calificó a algunos legisladores como “políticos payasos”.
Las expresiones del ministro llegaron luego de que congresistas como Ruth Luque, Wilson Quispe, Jaime Quito y Roberto Sánchez interrumpieran de manera simbólica el discurso presidencial. Estas protestas ocurrieron tras la negativa de la presidenta Boluarte de asumir alguna responsabilidad por las más de 50 muertes registradas en el contexto de la represión estatal.
El legislador Wilson Quispe se ubicó en el centro del Hemiciclo mostrando un cartel con las frases “El pueblo no se rinde” y “Justicia para el pueblo”, mientras vestía un polo con las mismas consignas. A su vez, la congresista Ruth Luque mostró la fotografía de una de las víctimas mortales durante las protestas.
Por su parte, Jaime Quito desplegó una banderola con el mensaje “Dina, el pueblo te repudia”, mientras que el congresista Roberto Sánchez exigió la libertad del expresidente Pedro Castillo, actualmente procesado por intento de golpe de Estado.
Frente a estas acciones, el presidente del Congreso, José Jerí, ordenó la lectura del reglamento interno, advirtiendo que de no mantenerse el orden, los parlamentarios serían suspendidos.
En su mensaje, Boluarte evitó toda autocrítica y presentó una versión de los hechos en la que responsabilizó a sectores minoritarios por la violencia. “Desde el inicio, enfrentamos una ofensiva violenta (…) Se construyó una narrativa en la cual los golpistas eran presentados como víctimas”, afirmó la mandataria, sin referirse directamente a los más de 60 fallecidos documentados en protestas sociales.
La omisión de responsabilidades generó nuevas críticas desde diversos sectores políticos y de derechos humanos. Gisela Ortiz, activista y exministra, calificó el discurso como “una negación del dolor y de las violaciones cometidas durante su mandato”.
El cruce de declaraciones entre el Ejecutivo y los parlamentarios evidencia la creciente tensión política en el país, especialmente de cara a un año preelectoral, donde los reclamos por justicia y memoria continúan siendo una demanda urgente para amplios sectores de la sociedad peruana.