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Morgan Quero es denunciado por Fiscalía por llamar “ratas” a fallecidos en protestas: Congreso evaluará su destino

Morgan Quero, ministro de Educación, es denunciado constitucionalmente por la Fiscalía tras calificar de "ratas" a muertos en protestas.
Morgan Quero

El ministro de Educación, Morgan Quero, enfrenta una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de incitación a la discriminación agravada, considerado un delito contra la humanidad según la legislación peruana. La acusación se basa en una polémica declaración realizada en diciembre de 2023, cuando Quero se refirió a los fallecidos en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte como “ratas”.

La denuncia fue presentada formalmente y será remitida a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, órgano encargado de evaluar su admisión. En caso de ser aceptada, la Comisión Permanente tendrá hasta 15 días para emitir un informe que determine si se levanta el antejuicio político contra Quero, lo que permitiría que sea procesado penalmente.

Morgan Quero
Denuncia constitucional tendrá que ser evaluada por los integrantes de la Sub-Comisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento Nacional. Fuente: Ministerio Público.

¿Qué dijo Morgan Quero?

El hecho ocurrió al término de una actividad oficial en Piura. La periodista Almendra Ruesta, del diario La República, abordó al titular del Ministerio de Educación con una pregunta directa: “Ayer fue el Día de los Derechos Humanos. ¿Por qué el gobierno no se ha pronunciado sobre los cincuenta fallecidos en las protestas?”. A esto, Quero respondió: “Los derechos humanos son para personas, no para las ratas”.

Sus declaraciones generaron de inmediato una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y sociedad civil. Posteriormente, el ministro intentó justificar su comentario alegando que pensaba que la pregunta era sobre violadores de menores, y que por ello usó dicha expresión. Sin embargo, el video completo del momento muestra claramente que la pregunta fue directa y sin ambigüedades.

Fiscalía cuestiona falta de rectificación

Según el Ministerio Público, Morgan Quero nunca se retractó ni ofreció una disculpa formal por sus declaraciones, más allá de justificar lo dicho. “No existió un interés en rectificar su declaración al considerar que bastaba una aclaración pública”, señala el comunicado de la Fiscalía.

Además, se recalca que sus justificaciones son inconsistentes con el contenido audiovisual disponible. “El ministro tampoco niega lo dicho. Por el contrario, lo justifica, obviando que los derechos humanos son inherentes a toda persona”, afirma la Fiscalía, recordando que, como titular de la cartera de Educación, Quero tiene la responsabilidad de promover los valores de inclusión, igualdad y respeto.

Posibles consecuencias penales

El Código Penal peruano establece penas de entre 2 y 4 años de prisión para quienes incurran en el delito de incitación a la discriminación agravada, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos. De ser hallado culpable, Morgan Quero no solo podría perder el cargo, sino también quedar impedido de ejercer funciones estatales en el futuro.

Antecedentes polémicos del ministro

No es la primera vez que Morgan Quero es cuestionado por declaraciones controvertidas. Durante la denuncia por violaciones sistemáticas a niñas awajún en Amazonas, el ministro calificó el hecho como una “práctica cultural”, minimizando la gravedad de la situación. Esa declaración también fue duramente criticada, aunque sin mayores repercusiones políticas.

A pesar de estos antecedentes, la presidenta Dina Boluarte ha mantenido al ministro en el cargo, evitando pronunciamientos contundentes. El Congreso, por su parte, tampoco ha actuado con firmeza: una moción de interpelación contra Quero fue presentada pero posteriormente retirada por falta de respaldo suficiente.

Con esta nueva denuncia, el futuro de Morgan Quero pende de un hilo. Su caso podría marcar un precedente sobre los límites de la libertad de expresión en el ejercicio de funciones públicas y la obligación de los funcionarios de actuar con respeto hacia todas las víctimas, incluso en contextos políticamente polarizados.




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