En el marco de la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) intensificó las acciones de detección e incautación de infraestructura ilegal de telecomunicaciones en los alrededores del establecimiento penitenciario Sarita Colonia, en el Callao. La intervención busca cortar de raíz las comunicaciones ilícitas que, según las autoridades, facilitan la comisión de delitos como la extorsión, el sicariato y el crimen organizado desde los centros penitenciarios.

El operativo contó con la participación directa del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, y del viceministro de Comunicaciones, Raúl García Loli, quienes supervisaron las labores de fiscalización orientadas a garantizar que no existan señales ilegales en las inmediaciones del penal. La presencia de las máximas autoridades del sector evidenció la prioridad que el Gobierno otorga a este tipo de acciones, consideradas clave para debilitar las redes criminales.

Durante la jornada, el ministro Prieto enfatizó que prevenir las comunicaciones ilícitas es una acción directa para combatir la extorsión, especialmente aquella que afecta al sector transporte en el Callao. “Estamos reforzando el control del uso de las telecomunicaciones en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Cortar estas señales ilegales significa cortar también la posibilidad de que los internos sigan delinquiendo desde prisión”, señaló.

Como resultado del operativo, se logró la incautación de equipos enrutadores, encaminadores, amplificadores y sistemas de alimentación eléctrica que permitían orientar la señal hacia el penal Sarita Colonia. De acuerdo con el titular del MTC, estos dispositivos eran utilizados para burlar los sistemas de bloqueo instalados oficialmente y facilitar la comunicación de internos con el exterior. “Esta acción frena cualquier intento de comunicación ilícita y evita que se cometan actos delictivos contra transportistas y ciudadanos en general”, precisó.

Trabajo articulado contra el crimen

La intervención se realizó de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú (PNP), fortaleciendo el enfoque interinstitucional que impulsa el Ejecutivo para enfrentar la criminalidad organizada. Las autoridades remarcaron que no basta con instalar sistemas de bloqueo en los penales, sino que es indispensable fiscalizar permanentemente el entorno para impedir la instalación clandestina de antenas y equipos repetidores.

Este tipo de infraestructura ilegal se ha convertido en una de las principales herramientas de las mafias para mantener el control de extorsiones, cobros de cupos y amenazas desde los centros penitenciarios, una modalidad que en los últimos años ha generado alarma social y severos impactos económicos, especialmente en el transporte público y el comercio.

Resultados concretos en 2025

El MTC informó que, solo durante el año 2025, se ejecutaron más de 100 operativos de fiscalización a nivel nacional, logrando la incautación de 137 equipos ilegales de telecomunicaciones. Esta cifra no solo supera la meta anual prevista, sino que refleja un incremento significativo en la capacidad operativa del sector para enfrentar este problema estructural.

Según fuentes del ministerio, los operativos se concentraron principalmente en zonas cercanas a penales de alta peligrosidad, donde se detectó mayor incidencia de señales no autorizadas. En muchos casos, la infraestructura ilegal era instalada en viviendas, locales comerciales o predios abandonados, lo que complicaba las labores de detección.

Proyección para el 2026

Como parte de la estrategia integral, el MTC anunció que para el año 2026 se tiene previsto realizar acciones de fiscalización inopinadas en 24 centros penitenciarios del país. El objetivo será verificar el estricto cumplimiento de las obligaciones normativas relacionadas con el funcionamiento de los sistemas de bloqueo de señales y prevenir la reaparición de redes clandestinas de telecomunicaciones.

Estas medidas se enmarcan en una política pública que busca atacar las estructuras del delito desde sus bases tecnológicas, entendiendo que la criminalidad moderna depende cada vez más de la conectividad ilegal para operar.