La congresista Norma Yarrow, integrante de la bancada de Renovación Popular, solicitó formalmente el cierre del despacho congresal del actual presidente José Jerí, argumentando que su permanencia implica un gasto adicional injustificado para el Estado, dado que el legislador se encuentra ejerciendo funciones en el Poder Ejecutivo.
El pedido fue presentado mediante un oficio dirigido al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), en el que Yarrow plantea dejar sin efecto el funcionamiento de la oficina parlamentaria asignada a Jerí mientras dure su gestión presidencial. Asimismo, solicitó que se disponga el lacrado y resguardo administrativo del despacho, con el fin de evitar la continuidad de costos operativos innecesarios.
“Solicito se disponga dejar sin efecto el funcionamiento de la oficina congresal asignada al presidente mientras ejerza funciones del Ejecutivo. Asimismo, se ordene el lacrado y resguardo administrativo de dicha oficina, evitando así la continuidad de gastos innecesarios para el Estado”, señala el documento remitido por la legisladora.
No obstante, tras la presentación del pedido, no existe claridad sobre el procedimiento que debería seguirse, ya que el Reglamento del Congreso no contempla expresamente cómo deben resolverse situaciones en las que un parlamentario asume funciones en el Ejecutivo sin renunciar a su escaño ni solicitar licencia.
Durante el gobierno de Francisco Sagasti, se presentó un antecedente distinto. El exmandatario solicitó una licencia a su labor como congresista, lo que permitió que su despacho parlamentario sea cerrado de manera formal. Según fuentes citadas por el Diario La República, José Jerí no ha solicitado una licencia, lo que legalmente permitiría que su oficina congresal continúe operando con normalidad.
Esta situación ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y ha reavivado el debate sobre la necesidad de establecer reglas claras para los casos de congresistas que asumen funciones en otros poderes del Estado. Para algunos especialistas, la ausencia de un marco normativo específico abre espacios de discrecionalidad y posibles conflictos administrativos.
Hasta el momento, Fernando Rospigliosi no se ha pronunciado públicamente sobre la solicitud presentada por Yarrow ni ha indicado si el Congreso evaluará adoptar alguna medida administrativa o reglamentaria frente al caso.
