El expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso, presentó una denuncia penal contra los jueces que lo sentenciaron a 15 años de prisión efectiva, junto con su esposa Nadine Heredia, por el delito de lavado de activos. La acción legal se dirige contra los magistrados Max Vengoa, Juana Caballero y Nayko Coronado, a quienes acusa de presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica.

Como consecuencia de esta denuncia, la Séptima Fiscalía Corporativa Penal Superior dispuso el inicio de diligencias preliminares para esclarecer los hechos. Entre las primeras medidas ordenadas se encuentra la toma de declaraciones del propio Humala Tasso, del procurador público del Poder Judicial y de los magistrados denunciados, con el objetivo de recabar elementos que permitan determinar si existieron irregularidades en el proceso judicial.

Asimismo, la Fiscalía solicitó a la Autoridad Nacional de Control (ANC) del sistema judicial que remita toda la información relacionada con las quejas funcionales presentadas por el exmandatario contra los jueces involucrados, desde abril de 2025 hasta la actualidad. Este requerimiento incluye el historial de quejas, procedimientos disciplinarios y eventuales sanciones que puedan pesar sobre los magistrados cuestionados.

La disposición fiscal también alcanza al Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, al que se le ha requerido un informe detallado sobre el estado actual del Expediente N.º 249-2015-78, correspondiente a la sentencia emitida contra la expareja presidencial Humala-Heredia. Además, la denuncia se extiende a la especialista legal del referido órgano jurisdiccional, Katherine Flores Velarde, por los mismos presuntos ilícitos.

De acuerdo con la denuncia a la que tuvo acceso el Diario La República, uno de los principales argumentos de Humala Tasso es que fue recluido en el penal de Barbadillo cuando aún no se había emitido ni notificado la sentencia íntegra en su contra. El exjefe de Estado recordó que el 15 de abril de 2025 solo se adelantó el fallo condenatorio, y que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), los adelantos de fallo no se ejecutan hasta que se realice la lectura completa de la sentencia.

Según detalla el documento, la lectura íntegra recién se efectuó el 29 de abril; sin embargo, en esa fecha no se notificó formalmente la sentencia ni se le entregó copia, tal como lo exige el numeral 3 del artículo 396 del Código Procesal Penal. Ante esta situación, Humala presentó una queja ante la ANC del Poder Judicial y, recién el 2 de mayo, se procedió a notificarle el texto completo de la resolución judicial.

En relación con el presunto delito de abuso de autoridad, la denuncia sostiene que el acto arbitrario se habría configurado cuando se ordenó la privación inmediata de la libertad del exmandatario sin que existiera un mandato expreso y debidamente motivado, como lo es una sentencia penal firme y completa. Humala afirma que fue detenido y recluido sin contar con una resolución integral que sustentara legalmente su encarcelamiento.

Respecto al presunto prevaricato, la denuncia señala que los magistrados no se habrían ceñido a la ley al disponer su detención en dichas condiciones. En cuanto a la supuesta falsedad ideológica, se alega que la sentencia no fue notificada oportunamente porque no habría estado debidamente elaborada o carecía de las firmas correspondientes, y que se consignaron datos inexactos al indicar que el fallo fue leído íntegramente cuando ello no ocurrió.