No solo somos conscientes que, casi todas (siendo bastante generosos con el término “casi”) se crearon, constituyeron; no, para servir de vehículos de libre y honesta participación de la sociedad en la vida política y social de nuestro país; sino para, bajo la apariencia de una inocua intención política, realmente sean utilizadas como vehículos para delinquir, bajo diferentes formas, atribuyéndose la falsa “representación” ciudadana que, obtienen cada 4 o 5 años, generalmente con falsas promesas de campaña; el pago por voto, la proliferación de votantes golondrinos, entre tantas otras modalidades, para al día siguiente de su elección, utilizando el “si te vi no me acuerdo”; y, desconectándose casi por completo de sus “representados” dedicarse a desarrollar sus propias agendas, favoreciendo a sus allegados, concertar dolosamente la asignación de las principales obras, etc.
Para ello no dudaban, desde hace décadas, con establecer fábricas de firmas que llevaron a sus fabricantes hasta la primera magistratura del país; y, a otros, a llegar al Congreso, como el actual.
Pero cuando, seguramente por ingenuidad, hubiésemos querido creer que, no volverían esos casos en las organizaciones que, criticando y atacando a las actuales ofreciendo cambios, tramitaban sus inscripciones en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, como paso previo para pretender participar y ganar los próximos procesos electorales, no serían más de lo malo conocido, nos enteramos, cuando no, por investigaciones y denuncias mediáticas que muchas de esas nuevas organizaciones habrían utilizado, y hasta logrado, sus inscripciones con firmas falsas; siendo mucho más grave no solo que la ONPE las haya inscrito, no obstante tener la información del RENIEC de la comisión de delitos; y, que no solo no se haya denegado o paralizado esas solicitudes de inscripción; sino que, los ciudadanos recién nos enteramos de esos hechos, a raíz de los informes mediáticos.
Como, evidentemente, las fábricas de firmas no funcionan gratis, no hay que ser muy acucioso analista, para deducir como pensaban “recuperar” (con creces) la inversión realizada en cada una de los miles de firmas presentadas delictivamente.
Si fueron capaces de esto, nos imaginamos que superarán a sus maestros predecesores, de llegar al poder.
Pero los ciudadanos no podemos, también en éste caso, cruzarnos de brazos, permitiendo que estas organizaciones criminopoliticas continúen con sus inscripciones vigentes; y, por tanto, tocando nuestras puertas buscando nuestro voto.
Es hora de actuar ya por los organismos electorales; y, si ellos no lo hacen voluntariamente, nos corresponderá exigirles en calles y plazas.
Escribe: Marco Silva
