El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola Delgado, calificó el paro nacional de transportistas realizado este lunes 6 de octubre como una “medida violenta, criminal y delictiva”, y advirtió que los conductores que bloqueen vías o participen en disturbios podrían ser detenidos por flagrancia.

Durante declaraciones a la prensa, el alto mando policial sostuvo que la protesta —convocada para exigir mayor seguridad ciudadana tras el asesinato de un chofer de la empresa Lipetsa— debía limitarse a un “paro de motores”, es decir, una manifestación pacífica sin interrupción del tránsito ni bloqueos en las carreteras.

“La medida era de motores apagados, mas no de disturbios ni bloqueos de vías de comunicación, que configuran delito flagrante y ameritan una respuesta firme de la Policía. Esta es una medida violenta, criminal, delictiva. El que la convoca, organiza, dirige o incita, debe responde ante las autoridades”, afirmó Arriola Delgado.

“Paro de motores, no disturbios”

El jefe de la PNP insistió en que la protesta se desvirtuó al generar caos vehicular y enfrentamientos con agentes del orden. Según dijo, el propio dirigente del gremio, Martín Ojeda, había informado que el paro sería simbólico, con los vehículos detenidos en los terminales, pero sin alterar el orden público.

“El dirigente (Martín Ojeda) dijo que iba a realizar un ‘paro de motores’, que iba a maniobrar en su patio, pero no puede ocasionar esto. Lo que hemos visto es una medida violenta”, indicó Óscar Arriola. Sostuvo que el bloqueo de vías constituye un delito sancionado por el Código Penal.

Óscar Arriola niega vínculo entre el asesinato y la extorsión

En otro momento, el comandante general restó peso al argumento que motivó la paralización: el asesinato del chofer Daniel José Cedeña Alfonso, trabajador de Lipetsa, registrado días atrás en Lima.

De acuerdo con Arriola, las primeras investigaciones de la PNP descartan que el crimen esté relacionado con la extorsión a transportistas, uno de los principales reclamos del gremio.

“El arma con la que lo asesinaron ya participó en otro crimen del 17 de octubre de 2023, en un incidente con cuatro personas. El gerente de la empresa Lipetsa ha dicho que ni sus cobradores, conductores, supervisores ni empresarios han recibido amenazas ni mensajes extorsivos”, declaró.

El alto oficial remarcó que, si bien la inseguridad es un problema real, el caso del conductor no puede ser utilizado como bandera política o gremial para promover acciones ilegales.

“Lo objetivo es que el chofer ha muerto dentro de un carro, y también era objetivo que el paro sea pacífico, de motores apagados. No pueden causar disturbios ni cierres de vías”, agregó Óscar Arriola.

Ministro del Interior intentó minimiza el asesinato

En la misma línea, el ministro del Interior, Carlos Malaver Odías, también evitó atribuir el asesinato de Cedeña Alfonso a la ola de extorsiones, asegurando que las investigaciones preliminares apuntan a otras motivaciones personales.

“La víctima es de nacionalidad venezolana, identificada como Daniel Cedeño Alonso. Cinco Casquillos impactaron en su cuerpo. Hay un ensañamiento contra esta persona. Su esposa, también venezolana, estpa separada y en proceso de divorcio. No podemos aventurarnos. El gerente de operaciones de la empresa indica que no ha sido víctima de amenazas o llamadas extorsivas”, explicó Malaver.

El ministro indicó que la PNP mantiene varias hipótesis abiertas, entre ellas un posible ajuste de cuentas, pero insistió en que no existen pruebas concretas que vinculen el crimen con las mafias que operan en el transporte público.

Críticas a la criminalización de la protesta

Las declaraciones de Arriola y Malaver han generado críticas entre gremios y analistas, que consideran que el Gobierno está criminalizando la protesta social en lugar de atender el problema estructural de inseguridad y extorsión que afecta a conductores y empresarios del transporte.

Colectivos ciudadanos y especialistas en derechos humanos advierten que la postura del comandante general restringe el derecho a la manifestación pacífica y confunde protesta con delito, lo que podría derivar en detenciones arbitrarias o uso excesivo de la fuerza.

Mientras tanto, el paro continúa generando tensión en varios distritos de Lima Norte, donde se reportan operativos policiales y detenciones a manifestantes acusados de bloquear avenidas.