La agrupación política País para Todos salió al frente para aclarar la controversia generada en torno a una supuesta condena por peculado que habría pesado sobre su candidato presidencial, Carlos Álvarez, en el año 2002. A través de su vocero oficial, el excongresista Juan Sheput, el partido sostuvo que dicha información es incompleta y sesgada, ya que —según precisó— cuatro años después de la sentencia inicial, el Poder Judicial emitió una resolución que absolvió plenamente al hoy postulante y ordenó la anulación de todos sus antecedentes judiciales y policiales.

La polémica se desató luego de que diversos espacios periodísticos recordaran una sentencia de primera instancia que declaró culpable a Álvarez por el delito de peculado, en agravio del Estado. Sin embargo, desde País para Todos recalcan que ese fallo no quedó firme y fue posteriormente revocado por una instancia superior.

“Se ha contado solo una parte de la historia. Carlos no tiene sentencia, lo que tiene es una absolución. Se anulan los considerandos porque estaban llenos de situaciones no comprobadas. En ese registro de nulidad está clarísimo: ya no registra antecedentes. Por lo tanto, nuestro candidato no tenía nada que informar. Carlos sigue adelante”, declaró Sheput en entrevista con el Diario Perú21.

De acuerdo con la información difundida por el partido, la resolución judicial —emitida en 2006 por la Primera Sala Transitoria— reformó la sentencia inicial que condenaba a Carlos Gonzalo Álvarez Loayza como cómplice del delito contra la administración pública. En dicho fallo se dispuso la nulidad de la condena y su absolución definitiva.

El documento judicial es claro al señalar:
“Haber nulidad en el extremo de la sentencia que condena a Carlos Gonzalo Álvarez Loayza como cómplice del delito contra la Administración Pública – peculado, en agravio del Estado y la Sociedad, a cuatro años de pena privativa de la libertad (…) reformándola: absolvieron al citado encausado de la acusación fiscal por el delito de peculado (…) y ordenaron se proceda a la anulación de sus antecedentes judiciales y policiales generados como consecuencia del proceso”.

Para el vocero de País para Todos, esta resolución deja sin sustento legal cualquier cuestionamiento respecto a una supuesta condena vigente. “La ley exige señalar cuando hay condena firme, y acá no ha habido condena firme. Estamos hablando de lo que exige la norma. Carlos Álvarez no tiene ningún tipo de cuestionamiento desde el punto de vista legal para continuar adelante”, subrayó Sheput.

El exparlamentario fue enfático al rechazar las versiones que señalan que la candidatura de Álvarez podría ser retirada o puesta en riesgo por este antecedente. “No es para nada una causal de salida, como han mencionado en algunos programas. De ninguna manera”, añadió, denunciando lo que calificó como una campaña de desprestigio contra el postulante presidencial.

Este pronunciamiento se produce en un contexto de alta sensibilidad política, donde la ciudadanía exige mayor transparencia a los candidatos y un estricto cumplimiento de las normas electorales. La hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones se ha convertido en un documento clave para evaluar la idoneidad ética y legal de quienes aspiran a gobernar el país.

Desde País para Todos sostienen que, al no existir una condena firme ni antecedentes vigentes, Carlos Álvarez no estaba obligado legalmente a consignar información sobre un proceso que terminó en absolución. No obstante, reconocen que el debate público ha abierto un espacio para interpretaciones políticas que buscan afectar su imagen en plena carrera electoral.

Analistas señalan que este caso refleja un problema recurrente en la política peruana: la confusión entre sentencias revocadas, procesos archivados y condenas firmes, lo que muchas veces deriva en campañas de desinformación que impactan directamente en la opinión pública.