El Ministerio Público ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, quien es señalado como presunto autor intelectual y coordinador del asesinato de 13 trabajadores mineros en el sector La Podera, ubicado en la provincia de Pataz, región La Libertad. La solicitud fue presentada por la fiscal provincial Magdalena Cisterna Burga, quien imputa a Rodríguez los presuntos delitos de organización criminal, homicidio calificado y sicariato agravado.

Este caso ha generado gran conmoción en el país, al tratarse de uno de los crímenes más violentos vinculados a redes ilegales que operan en zonas mineras del norte peruano.

La audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva se llevará a cabo este miércoles 21 de mayo a las 10:00 a. m. ante el Juzgado Mixto de Investigación Preparatoria de Parcoy. En ella participarán todas las partes procesales y se determinará la situación legal de los implicados.

Ministerio Público pide prisión para abogada de ‘Cuchillo’

Junto con Rodríguez Díaz, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad también ha solicitado prisión preventiva para Liliana Pizán Chirado, identificada como la exabogada del acusado y presunta colaboradora de la red criminal.

Según la investigación, Pizán habría facilitado la fuga de Rodríguez del país, posiblemente con conocimiento de las acciones delictivas atribuidas al acusado. Ambos habrían estado juntos en el momento de su detención en el aeropuerto de Colombia, el pasado 15 de mayo.

Detención en Colombia y versión de la defensa

El abogado de Rodríguez Díaz afirmó que su cliente no tenía orden de captura vigente al momento de ser intervenido por las autoridades colombianas. Añadió que Rodríguez tenía previsto regresar al Perú el sábado siguiente para sostener una reunión.

“Lo detuvieron junto con un compañero. Estaba en compañía de una mujer, su exabogada. Solo alcanzó a decirme que le gritaron ‘¡Al suelo!’ antes de ser reducido. No hemos recibido ninguna notificación oficial previa”, señaló el letrado, cuestionando el procedimiento de detención.

Masacre en Pataz: ¿Qué ocurrió?

El asesinato de los 13 mineros ocurrió en circunstancias aún bajo investigación. Según declaraciones de Segundo Cueva, empresario vinculado a la contratación del grupo de seguridad, los trabajadores formaban parte de un contingente destinado a custodiar socavones de la Compañía Minera Poderosa. Su función era impedir el ingreso de “parqueros”, personas que ingresan ilegalmente a extraer oro de los túneles.

Cueva sostiene que el modo de operar en este crimen coincide con ataques anteriores adjudicados a la presunta organización liderada por ‘Cuchillo’.

“Tomaron rehenes y luego los encontraron muertos. Mismo modus operandi. Mismo nivel de violencia. Por eso estamos convencidos de que fue él”, afirmó el empresario.

El ataque no solo habría tenido como objetivo el robo del mineral aurífero almacenado, sino también el control del territorio minero, disputado por mafias que se lucran del oro ilegal. El caso ha puesto nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de las zonas mineras frente al accionar de organizaciones criminales.

Con la captura de Miguel Rodríguez Díaz en Colombia y la solicitud formal de prisión preventiva, el caso entra en una etapa clave. La audiencia de este miércoles será decisiva para definir si los implicados afrontan el proceso en prisión mientras continúan las investigaciones.

La Fiscalía ha indicado que existen pruebas suficientes para sustentar la medida coercitiva. En caso de ser aceptada por el juzgado, Rodríguez Díaz y su presunta cómplice enfrentarán la investigación desde un penal peruano bajo régimen preventivo.