La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República archivó este lunes dos denuncias constitucionales que buscaban responsabilizar a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la resolución que intentó restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación en reemplazo de Delia Espinoza. El resultado evidenció una vez más la falta de consenso político y el blindaje en torno a decisiones polémicas vinculadas al Ministerio Público.
Patricia Benavides: ¿cuál fue la primera denuncia presentada contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia?
La primera denuncia, presentada por los congresistas Elías Varas y Alex Flores, apuntaba a una presunta irregularidad en la actuación de la JNJ por haber emitido una resolución que permitía el retorno de Benavides al cargo. Los denunciantes consideraban que esa decisión vulneraba el orden constitucional y atentaba contra la institucionalidad del Ministerio Público.
La presidenta de la subcomisión, María Acuña (APP), propuso declarar procedente la denuncia solo en el extremo referido a una posible infracción del artículo 38 de la Constitución, que alude al deber de respetar y defender el Estado de derecho y la Constitución por parte de todos los ciudadanos, especialmente los funcionarios públicos.
Sin embargo, la propuesta no logró los votos necesarios. Solo cuatro congresistas votaron a favor del informe de calificación, ocho se manifestaron en contra y cinco se abstuvieron, lo que provocó el archivamiento automático de la denuncia. La falta de consenso reflejó el clima político dividido y las reticencias a cuestionar directamente a la JNJ.
Segunda denuncia constitucional se avocó al titular de la JNJ, Gino Rios
La segunda denuncia constitucional también fue archivada. Esta había sido presentada por el congresista Alfredo Pariona y estaba dirigida específicamente contra el presidente de la JNJ, Gino Ríos. Pariona señalaba presuntas infracciones a los artículos 139 y 158 de la Carta Magna, así como delitos como abocamiento indebido, usurpación de funciones y abuso de autoridad.
A diferencia del primer caso, esta denuncia fue considerada improcedente en todos sus extremos. La propuesta fue respaldada por 13 congresistas, mientras solo dos se opusieron, sellando así su archivo definitivo.
Ambos procesos evidencian las tensiones persistentes entre el Congreso y los órganos autónomos como la JNJ, especialmente tras los intentos por reintegrar a Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación, pese a las investigaciones en su contra. La falta de votos para continuar con las denuncias refuerza la percepción de blindaje político que rodea a las decisiones de la JNJ y del Parlamento.
Con estas decisiones, la SAC marca una pauta clara: no habrá responsabilidad política para los magistrados de la Junta, al menos por ahora. Sin embargo, el tema sigue generando debate dentro y fuera del Congreso, ya que la restitución de Benavides sigue siendo un punto de controversia en la pugna por el control del Ministerio Público.
