El expresidente Pedro Castillo, actualmente sentenciado y recluido en el penal de Barbadillo, remitió un oficio al presidente de la República, José Jerí, solicitando acciones específicas respecto a la situación penitenciaria de Vladimiro Montesinos, exasesor del exdictador Alberto Fujimori.
El documento, elaborado a través de su defensa legal, plantea dos pedidos concretos: que se realice una revisión exhaustiva en la celda que Montesinos ocupa en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec) de la Base Naval del Callao y que se disponga su traslado al penal de máxima seguridad de Challapalca, en la región Tacna.
Solicitud de inspección de equipos electrónicos
En el oficio, Castillo solicita que las autoridades verifiquen la existencia y uso de dispositivos electrónicos dentro del espacio penitenciario de Montesinos. Específicamente, pide revisar celulares y computadoras portátiles que, según su planteamiento, podrían encontrarse en la celda del exfuncionario.
La defensa sostiene que esta intervención permitiría garantizar el cumplimiento estricto de las normas penitenciarias y evitar eventuales privilegios indebidos dentro del sistema carcelario.
El pedido surge en un contexto de cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión de algunos internos de alta notoriedad pública y sobre el control efectivo que ejercen las autoridades penitenciarias en centros de máxima seguridad.
Propuesta de traslado a Challapalca
Además de la inspección, el expresidente solicitó que Vladimiro Montesinos sea trasladado al penal de Challapalca para que cumpla allí su condena, que se extiende hasta septiembre del año 2037.
Según el oficio, la defensa de Castillo argumenta que esta medida permitiría optimizar el uso de recursos públicos y garantizar condiciones más estrictas de reclusión.
El documento señala que el traslado contribuiría a “evitar el despilfarro de dinero público” y plantea que dichos recursos podrían destinarse a necesidades sociales prioritarias, como programas de nutrición infantil, mejoras salariales en la Policía Nacional o infraestructura hospitalaria.
Asimismo, el escrito sostiene que la eventual decisión fortalecería la imagen pública del gobierno al demostrar una postura firme frente a casos emblemáticos vinculados a la corrupción y el autoritarismo.
Contexto del pedido: requisa en Barbadillo
La solicitud de Castillo se produjo pocos días después de una requisa realizada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en su propia celda, ubicada en el penal de Barbadillo.
Durante dicha intervención, agentes penitenciarios tomaron fotografías del interior del espacio, imágenes que posteriormente fueron difundidas en medios de comunicación, generando polémica y cuestionamientos legales.
El expresidente considera que su pedido se formula bajo el principio de igualdad ante la ley y sostiene que todas las personas privadas de libertad deben estar sujetas a las mismas condiciones y controles penitenciarios.
Denuncia por filtración de imágenes
El 10 de febrero, la defensa de Castillo presentó una denuncia penal contra el director de Seguridad del INPE, Henry García Malpartida, y la presidenta del Consejo Nacional Penitenciario, Shadia Valdez Tejada.
La acción legal sostiene que la difusión de las fotografías vulnera derechos constitucionales vinculados a la intimidad, la protección de datos personales y la dignidad de las personas privadas de libertad.
Según el escrito, si bien las requisas penitenciarias están legalmente permitidas, la divulgación pública del material obtenido carecería de sustento jurídico y podría configurar delitos como violación de la intimidad, abuso de autoridad y revelación indebida de información.
