El expresidente Pedro Castillo ha recibido un nuevo revés judicial en su intento por regresar al poder. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema rechazó dos demandas de amparo interpuestas por su defensa, las cuales buscaban anular su vacancia aprobada por el Congreso de la República tras su intento fallido de disolverlo el 7 de diciembre de 2022.

Por primera vez, la Corte Suprema se pronuncia de forma explícita sobre la legalidad de la destitución del exmandatario, respaldando la postura ya adoptada por el Tribunal Constitucional (TC). En sus resoluciones, los magistrados supremos recalcan que no se vulneró el debido proceso durante la vacancia, y que las acciones del Parlamento estuvieron justificadas por la ruptura del orden constitucional cometida por Castillo.

La defensa del exjefe de Estado argumentaba que el Congreso actuó sin respetar el número legal de votos y sin debatir la moción original presentada antes del golpe. Sin embargo, el Poder Judicial ha sido enfático en señalar que el contexto de la intentona golpista exime la aplicación de formalidades previstas solo para situaciones de normalidad democrática.

El Tribunal Constitucional, en una resolución anterior citada por la Sala Suprema, dejó claro que no era exigible el procedimiento regular de vacancia ante una alteración del orden democrático. Según el TC, el Parlamento actuó “con legítima celeridad” en defensa de la institucionalidad tras el anuncio público de Castillo de disolver el Congreso y reorganizar el sistema de justicia, lo que representó una clara amenaza a la democracia.

“La situación no podía ser tratada como un asunto ordinario cuando el propio presidente había anunciado su decisión de suprimir al Poder Legislativo e instaurar un gobierno de facto”, señala la sentencia. En ese sentido, la Corte rechaza el argumento central de Castillo, que pretende aplicar garantías procesales a una institución que él mismo buscó desaparecer.

Además, el fallo resalta que la verdadera intención de las demandas era impedir que las instituciones actuaran frente a una amenaza directa al orden constitucional. “Se pretende sostener que el Congreso debía tolerar la toma del poder por parte del expresidente, lo cual es jurídicamente inaceptable”, concluye el documento.

Pese a esta derrota, la defensa del exmandatario aún mantiene tres demandas de amparo activas con el mismo objetivo: anular su vacancia y lograr su restitución como presidente de la República. No obstante, a la luz de las resoluciones recientes, estas acciones tienen pocas probabilidades de prosperar.

Fuentes judiciales consultadas por el medio de comunicación Infobae aseguran que el escenario legal está prácticamente definido. La única opción que podría intentar Castillo es llevar el caso al Tribunal Constitucional. Sin embargo, en el máximo intérprete de la Carta Magna, solo el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse ha manifestado que se vulneraron los derechos del expresidente, y únicamente en lo relacionado con su detención en flagrancia, mas no con el proceso de vacancia.

Pedro Castillo, actualmente recluido en el Penal de Barbadillo, suma así otra derrota en su intento por desconocer el colapso político que él mismo provocó. Lejos de lograr su restitución, cada fallo judicial reafirma la constitucionalidad de su destitución y fortalece la legitimidad del Congreso en su actuación frente al intento de golpe de Estado.

Pedro Castillo continuará cumpliendo prisión preventiva: PJ rechazó otro recurso de apelación del expresidente por caso golpe de Estado

El expresidente Pedro Castillo permanecerá recluido en el penal de Barbadillo, luego de que el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria rechazara un nuevo recurso legal que buscaba poner fin a su prisión preventiva, la cual rige desde su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Castillo cumple actualmente una medida coercitiva por 36 meses, cuyo vencimiento está previsto para diciembre de 2024. El nuevo intento legal fue presentado por su defensa con el argumento de que los fiscales que participaron en la investigación no contaban con la debida competencia, por no ser fiscales supremos titulares.

El juez supremo Juan Carlos Checkley, encargado de evaluar el pedido, desestimó categóricamente este planteamiento, señalando que según la Ley Orgánica del Ministerio Público, los fiscales pueden ser auxiliados legalmente por fiscales adjuntos supremos, especialmente cuando el fiscal supremo titular no está disponible. De acuerdo con el fallo judicial, la participación de fiscales adjuntos no representa una vulneración de derechos ni invalida las actuaciones procesales realizadas en el caso.

Argumento de la defensa fue rechazado por improcedente

La defensa de Castillo intentó sustentar el cese de la prisión preventiva alegando que las audiencias han estado dirigidas por fiscales supremos provisionales, lo que, según ellos, haría nulo el proceso. Sin embargo, el juez aclaró que esta figura está constitucional y legalmente habilitada para ejercer funciones en ausencia del titular, y su participación ha sido constante tanto en audiencias orales como en sesiones judiciales anteriores.

Asimismo, Checkley señaló que la solicitud de cese debía estar acompañada de nuevos elementos de convicción que desvirtúen las razones originales por las que se impuso la prisión preventiva, algo que no ocurrió. La defensa solo presentó documentos ya conocidos: actas, resoluciones y fotografías que evidencian la intervención de los fiscales adjuntos, sin aportar pruebas nuevas que modifiquen el sustento original del caso.