El juicio contra el expresidente Pedro Castillo entra en su recta final. Este jueves 27 de noviembre, a las 09:00 a. m., la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dará lectura a la sentencia que definirá el futuro procesal del exmandatario, acusado de encabezar el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La audiencia se llevará a cabo tras haberse declarado cerrado el debate el pasado 21 de noviembre.
El tribunal deberá decidir si acoge el pedido de la Fiscalía, que solicita 34 años de prisión, además de inhabilitación para ejercer función pública, por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y otros tipos penales vinculados a la ruptura del orden constitucional.
La acusación fiscal: un golpe de Estado anunciado en cadena nacional
La tesis del Ministerio Público señala que Pedro Castillo ejecutó un intento de golpe de Estado al anunciar en vivo la disolución del Congreso, la intervención del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como un toque de queda nacional. Esta medida, calificada inmediatamente como “ruptura constitucional” por diversos actores políticos, fue rechazada por las Fuerzas Armadas, lo que derivó en su detención pocas horas después.
Para la Fiscalía, el anuncio constituye “un acto inequívoco de rebelión” que buscó alterar gravemente el orden democrático. Por ello, solicita:
- 25 años por rebelión
- 8 años por abuso de autoridad
- 1 año adicional por desobediencia y otros delitos conexos
- Inhabilitación para ejercer cargos públicos
La defensa de Castillo ha sostenido reiteradamente que el fiscal no ha podido demostrar un alzamiento armado, un requisito clave para el delito de rebelión, por lo que insiste en que las acusaciones carecen de sustento.
Castillo interviene y lanza acusaciones políticas
Durante la última sesión del juicio, realizada el 21 de noviembre, Pedro Castillo sorprendió al intervenir por primera vez de manera extensa. Desde marzo, cuando inició el proceso judicial, solo había repetido la frase “rechazo el juicio”. Esta vez, sin embargo, presentó alegatos finales y lanzó acusaciones directas.
En su declaración, afirmó que la congresista Maricarmen Alva le habría pedido “dos ministerios” a cambio de permitirle concluir su mandato hasta 2026. La parlamentaria rechazó estas afirmaciones, calificándolas como falsas y descabelladas.
El exmandatario también utilizó un mensaje simbólico para presentarse como víctima de persecución, comparándose con Atahualpa:
“Atahualpa pagó dos cuartos de plata y uno de oro por su libertad, y aún así no la tuvo. Conmigo no descarto que pase lo mismo”, dijo el exmandatario.
Sus declaraciones buscaron instalar la idea de un juicio político más que jurídico, alegando que su caída fue parte de una “conspiración parlamentaria”.
El caso Castillo es uno de los procesos judiciales más relevantes de las últimas décadas, no solo por la gravedad constitucional de los hechos, sino también por las consecuencias políticas que generó su intento de disolver el Congreso. La abrupta caída del expresidente desencadenó una crisis institucional y semanas de protestas que dejaron decenas de fallecidos.
La lectura de sentencia del 27 de noviembre será seguida muy de cerca por la ciudadanía y por diversos actores políticos. De confirmarse el pedido fiscal de 34 años, Castillo se convertiría en el primer expresidente peruano con una condena tan extensa por delitos vinculados a la quiebra del orden democrático.
