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PJ dicta 18 meses de impedimento de salida del país a PPK

El último sábado 7 de junio, expresidente de la República no pudo viajar a Estados Unidos, debido a mantener una alerta migratoria vigente.

El Poder Judicial ordenó 18 meses de impedimento de salida del país contra Pedro Pablo Kuczynski, ya que el exjefe de Estado intentó salir del Perú con destino a Estados Unidos.

Según el abogado del exmandatario, Julio Midolo Chirinos, el viaje se realizó con el fin de que Kuczynski Godard pueda atenderse de forma especializada en la nación norteamericana, debido a que en ese país se le colocó una válvula en el corazón hace unos años.

El exjefe de Estado no pudo concretar su viaje, debido a que la Superintendencia Nacional de Migraciones señaló que había una alerta migratoria en su contra.

Ante ello, el Ministerio Público, a través del fiscal provincial Carlos Puma Quispe, insistió en solicitar al Poder Judicial el adelanto de la audiencia para el domingo 8 de junio, dado que originalmente había sido programada recién para este lunes.

Tras la aprobación del anticipo del juicio, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional dictó 18 meses de impedimento de salida del país, por el delito de lavado de activos debido a los presuntos aportes irregulares durante su campaña presidencial de 2016.

Vale señalar que la Fiscalía solicitaba que la sanción durara 36 meses; sin embargo, la jueza Margarita Salcedo consideró que era un tiempo desproporcionado y finalmente dictaminó 18 meses.

Esta decisión se enmarca en un contexto judicial más amplio en el que diversos políticos peruanos han sido investigados por presuntos actos de corrupción y financiamiento ilícito de campañas. En el caso de Kuczynski, las investigaciones se centran en su vínculo con empresas constructoras que habrían realizado aportes no declarados a cambio de beneficios durante su mandato o cuando ocupaba cargos públicos.

El expresidente, quien renunció en 2018 en medio del escándalo del caso Odebrecht, ha enfrentado diversas restricciones judiciales desde entonces. Ya anteriormente había sido objeto de prisión preventiva, aunque luego se le permitió pasar a arresto domiciliario por su delicado estado de salud.

¿Es correcta la decisión del PJ?

El abogado de Kuczynski anunció que presentarán una apelación a la medida, argumentando que su cliente no tiene intención de fugarse y que su viaje tenía únicamente fines médicos. No obstante, el Ministerio Público sostiene que existe un riesgo procesal latente y que es necesario asegurar la presencia del exmandatario en el país mientras continúan las investigaciones.

Por otro lado, el abogado penalista César Nakasaki criticó el dictamen del Poder Judicial, puesto que considera que es una decisión arbitraria y denunció un abuso de autoridad.

A través de una entrevista en Canal N, Nakasaki Servigón dilucidó que el excandidato de ‘Peruanos por el Kambio’ ya no tenía ninguna medida cautelar vigente al momento de intentar viajar a Estados Unidos; por ello, señaló que el Ministerio Público y el Poder Judicial cometieron irregularidades.

El penalista reclamó que la audiencia, inicialmente prevista para el lunes, haya sido adelantada al domingo, lo cual —según su opinión— fue un intento de convalidar una medida administrativa sin sustento legal.

Diversas voces del ámbito político y jurídico han pedido que se respete el debido proceso y se garantice el acceso a la salud del exmandatario, sin que ello signifique impunidad. Sin embargo, otros sectores consideran que la medida es necesaria para evitar una posible fuga, teniendo en cuenta antecedentes similares en casos de corrupción.

El debate continúa en la opinión pública, mientras se espera que la apelación presentada por la defensa de Kuczynski sea evaluada en los próximos días.

Por otra parte, la situación también pone en evidencia la falta de una política clara que permita equilibrar el acceso a tratamientos médicos en el extranjero con las restricciones judiciales.

En ese línea, este caso podría sentar un precedente importante sobre cómo deben actuar las autoridades frente a exmandatarios investigados, especialmente cuando existen condiciones de salud delicadas que podrían justificar excepciones temporales, siempre bajo control judicial estricto.

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