El Poder Judicial programó para este 13 de marzo una audiencia clave que podría marcar el futuro de la exjefa del Consejo de Ministros Betssy Chávez, quien permanece asilada en la embajada de México en Lima desde noviembre de 2025. El Décimo Juzgado Constitucional de Lima evaluará una demanda de habeas corpus que busca obligar al Estado peruano a otorgarle un salvoconducto que le permita salir del país y viajar a territorio mexicano.
La audiencia, que se desarrollará de manera virtual desde las 10:30 a. m., analizará si corresponde ordenar al Gobierno peruano emitir el documento que permitiría concretar su traslado bajo la condición de asilada política.
El recurso legal que busca su salida del país
La demanda fue presentada por el ciudadano Rubén Serpa Valdez, quien interpuso el recurso constitucional contra diversas instituciones del Estado, entre ellas la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y el propio Poder Judicial.
Según el documento presentado, el objetivo del habeas corpus es que se reconozca una presunta vulneración a la libertad personal y derechos conexos de la exfuncionaria, y que se ordene al Estado peruano emitir el salvoconducto que le permita abandonar el país para trasladarse a México.
El recurso también incluye una solicitud adicional: que ninguna autoridad peruana —incluyendo la Policía Nacional, el Ministerio Público o cualquier otro organismo estatal— pueda ingresar por la fuerza, allanar o intervenir la sede diplomática mexicana, donde Chávez permanece desde hace varios meses.
La situación legal de Betssy Chávez
La situación judicial de la ex primera ministra está vinculada a los hechos ocurridos durante el Intento de golpe de Estado en Perú de 2022, protagonizado por el entonces presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de ese año.
Tras las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, Chávez fue acusada por el delito de conspiración para la rebelión, proceso que culminó con una sentencia de 11 años y cinco meses de prisión.
Ante este escenario judicial, el 3 de noviembre de 2025 la exjefa del Gabinete ingresó a la embajada de México en Lima y solicitó asilo político, medida que fue aceptada por el gobierno mexicano.
Sin embargo, su permanencia en la sede diplomática se ha prolongado debido a que el Estado peruano se ha negado a otorgar el salvoconducto necesario para que pueda abandonar el país.
Posición del Gobierno peruano
Hasta el momento, la posición oficial del Gobierno peruano ha sido firme: no corresponde emitir el salvoconducto debido a que Chávez enfrenta procesos judiciales vigentes relacionados con el intento de ruptura del orden constitucional.
Desde la Cancillería se ha sostenido que la ex primera ministra tiene investigaciones abiertas por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, lo que impediría facilitar su salida del territorio nacional.
Además, luego de que Chávez ingresara a la embajada mexicana, un juez decidió revocar la medida de comparecencia restringida que tenía vigente y ordenó su captura inmediata, lo que complicó aún más su situación legal y bloqueó cualquier salida administrativa del país.
Tensión diplomática entre Perú y México
El caso de Betssy Chávez también ha generado un impacto en el plano internacional. La decisión del gobierno mexicano —encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum— de otorgarle asilo político provocó una fuerte reacción del Ejecutivo peruano.
Como consecuencia, el gobierno del presidente José Jerí decidió romper relaciones diplomáticas con México a finales de 2025, lo que marcó uno de los momentos más tensos en la política exterior peruana reciente.
Tras esta ruptura diplomática, Brasil asumió la custodia de la embajada mexicana en Lima y actualmente representa los intereses diplomáticos de México en el país.
Una audiencia que podría definir el caso
La audiencia convocada por el Décimo Juzgado Constitucional podría convertirse en un punto de inflexión en este complejo caso político y judicial.
Si el tribunal considera que el habeas corpus es procedente, el Estado peruano podría verse obligado a otorgar el salvoconducto solicitado, lo que permitiría a Betssy Chávez viajar a México y consolidar su condición de asilada política.
