La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, dispuso que todas las denuncias contenidas en su base de datos sean consideradas información reservada durante los próximos cinco años.
La medida quedó establecida mediante una resolución directoral del 25 de agosto de 2025, firmada por el general Javier Gonzales Novoa, actual director de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP. El documento precisa que la decisión aplica a la totalidad de registros que figuran en el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) y en el Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal (SIDC).
Denuncias bajo reserva
Con esta disposición, la ciudadanía ya no podrá acceder a información sobre las denuncias registradas contra personas naturales o jurídicas. Esto incluye casos relacionados con robos, hurtos, fraudes, estafas, extorsiones, violencia familiar, acoso sexual o laboral, así como hechos de corrupción en el sector público y privado.
El carácter reservado abarca todo soporte en el que estas denuncias estén almacenadas y se mantendrá vigente hasta el año 2030, limitando la posibilidad de consulta por parte de ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones civiles e incluso entidades vinculadas a la fiscalización.
Contexto electoral y críticas potenciales
La decisión se da en un contexto particularmente sensible: el país se encuentra ad portas de iniciar un nuevo proceso electoral para elegir presidente de la República y congresistas. Para analistas y observadores políticos, la medida podría generar cuestionamientos en torno a la transparencia de la información pública, especialmente en casos vinculados a candidatos o funcionarios investigados.
Aunque la resolución no expone mayores fundamentos públicos sobre la necesidad de clasificar los datos como reservados, desde la PNP se sostiene que la disposición busca resguardar la integridad de las investigaciones policiales y la seguridad de la información.
Debate abierto sobre acceso a la información
La clasificación de denuncias como información reservada abre un debate sobre el derecho de acceso a la información pública frente al deber de proteger la confidencialidad de investigaciones en curso.
En los próximos días, se espera que instituciones de la sociedad civil, gremios periodísticos y especialistas en transparencia se pronuncien sobre los alcances y posibles impactos de esta decisión de la PNP.
