La División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP) informó la detención en flagrancia de dos efectivos policiales presuntamente involucrados en la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, de 32 años, quien falleció durante las protestas registradas el pasado 15 de octubre en el Centro de Lima.
El incidente, que ha generado conmoción y protestas ciudadanas, se produjo en medio de enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales. Según los informes preliminares, Ruiz Saénz habría sido alcanzado por un proyectil de arma de fuego mientras se encontraba en las inmediaciones de la Plaza Francia, donde se desarrollaban las movilizaciones.
Los policías detenidos e identificados
En un documento remitido al fiscal Roger Yana Yanqui, de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, se confirmó que los agentes Luis Michael Magallanes Gaviria (28 años) y Omar Raúl Saavedra Bautista (26 años) fueron detenidos por su presunta participación en el uso de armas de fuego durante los hechos.
El oficio detalla que la intervención se efectuó bajo la figura de flagrancia delictiva, conforme a la Ley N.º 32130, que autoriza la detención inmediata de funcionarios públicos implicados en delitos flagrantes sin necesidad de orden judicial previa.
Ambos efectivos fueron plenamente reconocidos mediante registros audiovisuales obtenidos durante la protesta, donde se observa el uso de armamento letal por parte de los uniformados. La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) fue la encargada de ejecutar la detención y trasladar a los implicados para las diligencias correspondientes.
Reconocimiento y confesión
De acuerdo con el informe policial, el oficial Luis Magallanes Gaviria fue entrevistado en el Hospital Central de la PNP, donde admitió haber hecho uso de su arma de fuego en el contexto de la movilización. Este reconocimiento fue considerado suficiente para proceder a su detención inmediata.
Por su parte, el suboficial Omar Saavedra Bautista fue identificado a través de las imágenes de video recopiladas por cámaras de seguridad y medios de comunicación. Las evidencias muestran que ambos participaron activamente en los enfrentamientos que se produjeron en distintos puntos del centro histórico.
Ambos agentes se encuentran bajo custodia mientras el Ministerio Público formaliza la apertura de la carpeta fiscal para dar inicio a la investigación preliminar que determinará su responsabilidad penal.
El rol del Ministerio Público y las diligencias en curso
El oficio remitido por la División de Homicidios pide la apertura formal de la investigación y la realización de peritajes balísticos y reconstrucción de los hechos, a fin de establecer la trayectoria del proyectil y el grado de responsabilidad individual de cada agente.
La fiscalía especializada, que tiene competencia sobre delitos de violaciones a derechos humanos y uso excesivo de la fuerza, asumirá la dirección del caso. Entre las diligencias iniciales figuran la revisión de los registros de las armas asignadas, el examen de residuos de disparo (prueba de parafina) y la toma de declaraciones a testigos presenciales y familiares de la víctima.
De confirmarse la responsabilidad directa de los agentes, podrían enfrentar cargos por homicidio calificado y abuso de autoridad, delitos que contemplan penas superiores a los 15 años de prisión.
Contexto y repercusiones
El caso de Eduardo Ruiz Sanz ha puesto nuevamente en el centro del debate público el uso de armas de fuego durante manifestaciones sociales y la responsabilidad institucional de la Policía Nacional del Perú en el control del orden público.
El propio comandante general de la PNP, Óscar Arriola, había confirmado un día antes que el suboficial Magallanes era el autor del disparo que causó la muerte del manifestante, aunque posteriormente el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, pidió cautela y aseguró que la investigación seguía en curso.
Organizaciones de derechos humanos, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Amnistía Internacional, exigieron una investigación independiente y sanciones ejemplares contra los responsables, subrayando que este tipo de casos no deben quedar impunes.
La muerte de Ruiz Sanz revive el recuerdo de otras víctimas de protestas sociales ocurridas entre 2022 y 2023, y aumenta la presión sobre el gobierno de José Jerí, que enfrenta un clima de desconfianza y tensiones políticas tras su reciente asunción al poder.
