El Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva contra la expremier Betssy Chávez, acusada de participar activamente en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La decisión fue adoptada por el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, quien revocó la medida de comparecencia con restricciones que la exjefa del gabinete había obtenido anteriormente.
La resolución, que marca un giro decisivo en el proceso, dispone además que se emitan órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional, instruyendo a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a Interpol para ejecutar la medida de manera inmediata.
Incumplimientos que motivaron la prisión preventiva
Según el juez Checkley, la decisión se basa en que la acusada incumplió las reglas de conducta impuestas previamente. La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos acreditó que Chávez dejó de asistir a:
- Su control biométrico semanal,
- Las citaciones judiciales,
- Las audiencias del juicio oral por el golpe de Estado.
“Resulta evidente que la acusada Chávez Chino incumplió con las restricciones impuestas […] lo cual justifica la variación de la medida a fin salvaguardar el proceso”, señala la resolución.
Para el magistrado, Chávez habría actuado con una clara intención de evadir a la justicia. Recordó que, tras recuperar su libertad por mandato del Tribunal Constitucional, la ex primera ministra intentó asilarse en la Embajada de México en Lima, donde actualmente permanece.
Peligro de fuga: fundamento central del fallo
El juez Checkley sostiene que existe un peligro de fuga real y actual, sustentado en varios hechos:
- El intento de dirigirse a la Embajada de México la tarde del golpe.
- La extracción irregular de equipos de la PCM al momento de su detención.
- La ocultación de su teléfono celular, considerado clave en la investigación.
- Su reciente inasistencia reiterada al proceso judicial.
“El peligro de fuga es palpable y el riesgo de frustración del juicio oral resulta evidente”, afirma el documento, resaltando que la detención preventiva resulta “indispensable” para evitar la obstrucción del proceso.
Un proceso con antecedentes de advertencias
En su resolución, Checkley recuerda que desde el inicio de la investigación preparatoria, la Corte Suprema alertó sobre la presencia de riesgo procesal en la conducta de Chávez. Este fue uno de los motivos por los cuales, inicialmente, se dictó prisión preventiva en su contra.
El fallo subraya que el objetivo principal de esta medida es evitar actos que puedan:
- Impedir el enjuiciamiento,
- Alterar evidencias,
- O entorpecer el avance del proceso.
Inhabilitación en suspenso: el Congreso aún no decide
Mientras el proceso judicial avanza, la situación política de Betssy Chávez permanece incierta. El Pleno del Congreso no alcanzó los 68 votos necesarios para inhabilitarla por 10 años debido a su participación en el golpe de Estado. La votación quedó a favor 63, en contra 20 y abstenciones 4.
Esta falta de consenso impide, por ahora, su exclusión de las Elecciones Generales 2026, aunque esto podría cambiar en los próximos días.
Los congresistas Jorge Montoya (Honor y Democracia), Norma Yarrow (Renovación Popular) y Eduardo Castillo (Fuerza Popular) ya presentaron solicitudes de reconsideración para repetir la votación. La fecha de este nuevo debate dependerá de la decisión del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.
Salvoconducto en evaluación: el Ejecutivo consulta a la OEA
En paralelo, el Gobierno peruano no ha tomado una decisión definitiva respecto al pedido de salvoconducto para Chávez, quien actualmente permanece en la Embajada de México. El canciller Hugo de Zela declaró a CNN que el Perú consultará a la OEA antes de emitir una respuesta formal.
El Ejecutivo insiste en que la Convención de Caracas de 1954 no debe emplearse para “eludir la aplicación de la justicia penal”.
