La inestabilidad en el Ministerio Público sigue escalando. Este viernes 20 de junio, el Poder Judicial ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) restituir a Luis Arce Córdova como fiscal supremo titular, en un plazo de cinco días, en cumplimiento de una sentencia de primera instancia que anuló su destitución por renunciar abruptamente al Jurado Nacional de Elecciones durante las Elecciones Generales del 2021.
Este nuevo capítulo en la crisis fiscal ocurre en medio del reciente intento fallido de Patricia Benavides de recuperar el control de la Fiscalía de la Nación, así como el retorno de Tomás Gálvez, otro cuestionado exfiscal supremo. La resolución judicial fue revelada por el portal Infobae, que accedió al fallo del Juzgado Constitucional de Lima.
Luis Arce Córdova fue destituido luego de presentar una carta de “declinación irrevocable” al cargo de miembro del Pleno del JNE en pleno conteo de votos, en la que cuestionó duramente a autoridades electorales y del Ejecutivo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró meses atrás la inconstitucionalidad del procedimiento disciplinario inmediato de la JNJ, lo que permitió anular su destitución en primera instancia.
Con ese fallo a su favor, Arce Córdova solicitó la ejecución anticipada de la sentencia, es decir, que se aplique antes de que sea ratificada por la Sala Constitucional. Incluso exigió que se suspenda el concurso público que actualmente busca nombrar a un nuevo fiscal supremo.
Argumentos del Poder Judicial
El Juzgado aceptó este pedido, señalando que la ejecución no genera perjuicio a la JNJ, ya que la medida es reversible. “No se aprecia impedimento alguno […] en caso se revoque la sentencia expedida, se pueda revertir la medida anticipada concedida”, indica el documento judicial.
La resolución advierte que, si la JNJ no cumple con la restitución en el plazo fijado, se notificará al Ministerio Público para que inicie una investigación contra los integrantes del órgano, incluyendo a su presidente, Gino Ríos Patio, y a los seis consejeros que lo integran.
Sin embargo, la ejecución del fallo enfrenta un obstáculo administrativo: la falta de plazas presupuestadas. Actualmente, la Junta de Fiscales Supremos está completa con los siguientes seis miembros:
- Delia Espinoza, Fiscal de la Nación
- Zoraida Ávalos, Segunda Fiscalía Suprema Penal
- Pablo Sánchez, Primera Fiscalía Suprema Penal
- Juan Carlos Villena, Fiscalía de Funcionarios Públicos
- Tomás Gálvez, Fiscalía Suprema de Familia
- Juan Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control (ocupando la plaza habilitada durante la gestión de Patricia Benavides)
Con estas seis plazas ocupadas, no hay disponibilidad presupuestaria para reincorporar a un nuevo miembro, salvo que se reorganice la estructura o se remueva a un fiscal supremo vigente.
A esta situación se suman los procesos judiciales pendientes contra Arce Córdova. Está siendo investigado por su presunta participación en la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, y por enriquecimiento ilícito. Sobre este último caso, existe una solicitud de suspensión preventiva por 36 meses que aún no ha sido resuelta.
El retorno anticipado de Arce Córdova, con múltiples cuestionamientos encima, podría tener un efecto desestabilizador adicional en el Ministerio Público, que atraviesa una de sus peores crisis institucionales de las últimas décadas. La presión judicial sobre la JNJ también reaviva el debate sobre su autonomía y capacidad para ejercer control disciplinario sobre los más altos cargos del sistema fiscal.
