A través de una resolución emitida el pasado 30 de mayo, el 10° Juzgado Constitucional notificó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que dispone de un plazo de cinco días hábiles para proceder con la reposición de Tomás Aladino Gálvez Villegas en el cargo de fiscal Supremo Titular. El periodo establecido por el Poder Judicial inicia este lunes 2 y culmina el próximo viernes 6 de junio.
Esta medida responde a la aceptación de una acción de amparo presentada por Gálvez Villegas contra la JNJ, luego de que el Tribunal Constitucional declarara en abril la nulidad del procedimiento disciplinario iniciado en su contra en febrero de 2020.
En la resolución judicial se señala expresamente: “Requiérase a la Junta Nacional de Justicia a efectos que dentro de cinco días de notificada cumpla con la reposición del Dr. Tomás Aladino Gálvez Villegas en el cargo de Fiscal Supremo Titular, debiendo además habilitarse el título de Fiscal Supremo Titular del Ministerio Público y dejar sin efecto la inscripción de la sanción de destitución”.
Tomás Gálvez ha solicitado su reincorporación al Ministerio Público, apelando a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordena restituir a magistrados destituidos por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Sin embargo, su regreso enfrenta varios obstáculos legales y políticos que ponen en duda su retorno al cargo.
Uno de los principales impedimentos es su afiliación vigente al partido político “Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!”, agrupación de la que es fundador, presidente y representante legal. La Ley de la Carrera Fiscal prohíbe expresamente que fiscales en funciones estén afiliados a partidos políticos, por lo que su retorno no sería legalmente viable mientras no regularice esta situación.
Según información obtenida por Infobae, Gálvez intentó renunciar al partido el 13 de mayo, presentando una solicitud ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Aunque el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) procedió con su desafiliación, el propio Gálvez se retractó días después, argumentando que la dirigencia del partido debía ser informada primero. El ROP anuló la baja y actualmente sigue figurando como militante activo.
Pide su “reposición”, pero enfrenta suspensión judicial
Lejos de apartarse del escenario público, el 27 de mayo, Gálvez presentó un documento al Juzgado de ejecución para exigir no solo que se cumpla la sentencia del TC, sino también que se ordene al Ministerio Público su “reposición” como fiscal supremo titular. Legalmente, esto implicaría su designación en una de las fiscalías supremas.
No obstante, el panorama se complica aún más. Durante la audiencia judicial del 29 de mayo, se evaluó el pedido de la Fiscalía para que se le imponga una suspensión preventiva de 36 meses, como parte de la investigación del caso “Los Gánsters de la Política”. En dicha audiencia, Gálvez reconoció que su reincorporación podría frustrarse si el juez Juan Carlos Checkley acepta la solicitud fiscal.
“Tal vez no me incorpore porque quizá usted dé fundada la medida, siguiendo la cuestión del Ministerio Público, cosa que no creo. Entonces, tal vez no me incorpore y sin embargo ya tengo el impedimento para ejercer el cargo”, declaró ante el juez.
Caso “Los Gánsters de la Política”: graves acusaciones
Tomás Gálvez es sindicado por el Ministerio Público como parte de una red criminal liderada por el congresista José Luna Gálvez, cuya finalidad era controlar organismos electorales clave como la ONPE, facilitando la inscripción de partidos políticos mediante firmas falsas.
La fiscalía sostiene que Gálvez gestionó el voto favorable de un consejero del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que Adolfo Castillo Meza fuera nombrado jefe de la ONPE. A cambio, su esposa habría obtenido un puesto en dicho organismo.
Entre los elementos probatorios figura la declaración de un colaborador eficaz, quien afirmó que Gálvez intermedió reuniones entre Castillo Meza y consejeros del CNM en su domicilio y en locales privados. Asimismo, el propio Castillo Meza declaró que la designación fue comprada, nombrando a Gálvez como uno de los operadores clave.
“Tomás Gálvez se encargó del consejero Herbert Marcelo. José Luna Gálvez financió el proceso que culminó en mi designación como jefe de la ONPE comprando los votos de los consejeros”, señaló en su testimonio ante el Ministerio Público.
