El Poder Judicial del Perú ordenó renovar la orden de ubicación y captura contra el prófugo Vladimir Cerrón, en el marco del proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. La medida fue dispuesta por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Leodán Cristóbal Ayala, como parte del caso denominado “Aportes ilícitos a Perú Libre”.

Nueva orden de captura a nivel nacional e internacional

La resolución, emitida el pasado 27 de marzo, responde a la necesidad de mantener vigentes las medidas coercitivas contra Cerrón, luego de que las órdenes anteriores estuvieran próximas a vencer el 29 de marzo. En ese contexto, el juzgado dispuso la emisión de nuevas órdenes de ubicación, captura y conducción a nivel nacional.

Además, se ordenó su inscripción en el sistema del Remate Electrónico Judicial (Remaju), así como la comunicación a las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol, con el objetivo de reforzar la búsqueda del investigado en el extranjero.

Actualmente, sobre Cerrón pesa una orden de prisión preventiva por 24 meses, vigente desde diciembre de 2023, la cual fue dictada en el marco de las investigaciones por presuntos aportes ilícitos al partido Perú Libre.

Recursos legales sin éxito

Desde entonces, la defensa legal del exgobernador regional de Junín ha intentado revertir la medida mediante diversos recursos. En enero de 2024, presentó una apelación contra la prisión preventiva, la cual fue declarada infundada. Posteriormente, en mayo, el recurso de casación interpuesto fue declarado inadmisible.

Ante ello, la estrategia legal se trasladó al ámbito constitucional con la presentación de un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional del Perú (TC), lo que abrió un nuevo frente de controversia.

Polémica por hábeas corpus en el TC

El trámite de este recurso ha generado una fuerte polémica debido a la presunta rapidez con la que se habría elaborado una ponencia favorable a Cerrón. La situación escaló luego de la filtración de un documento que fue difundido como si se tratara de una sentencia aprobada, lo que fue desmentido por la presidenta del TC, Luz Pacheco.

En declaraciones al programa Punto Final, Pacheco aclaró que el documento filtrado correspondía únicamente a una propuesta de ponencia y no a una decisión final del colegiado.

“Era absolutamente falso que nosotros pensáramos liberar al señor. No ha habido ningún diálogo ni decisión adoptada”, precisó la magistrada, quien además lamentó la filtración del documento interno.

Ante la controversia, la titular del TC anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer las presuntas irregularidades en el manejo del hábeas corpus. Según indicó, el documento difundido no contaba con el aval de la coordinadora de este tipo de recursos, lo que genera serias dudas sobre su origen y validez.

Asimismo, explicó que el procedimiento regular implica que los magistrados reciban un proyecto de ponencia elaborado por una comisión especializada, el cual puede ser modificado antes de su discusión en sesión. Sin embargo, en este caso, el documento habría sido presentado sin cumplir con los filtros correspondientes.

Pacheco calificó la situación como “compleja” y adelantó que los resultados de la investigación se darán a conocer en los próximos días. También confirmó que ya cuenta con un informe preliminar sobre lo ocurrido.

Escenarios en evaluación

Dependiendo de los hallazgos, el TC podría adoptar diversas medidas, como la elaboración de una nueva ponencia, el cambio de magistrado ponente o incluso la anulación de la vista de la causa.

La sesión clave para analizar el caso contará con la participación de todos los magistrados del TC, en un contexto de alta expectativa pública debido a la relevancia política y judicial del caso Cerrón.