Durante una mesa de trabajo sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público expresaron su rechazo absoluto al proyecto de ley presentado por la congresista Patricia Juárez, de la bancada de Fuerza Popular, que plantea restablecer la figura de los denominados “jueces sin rostro”.
Ambas instituciones coincidieron en que esta medida, aplicada en el Perú durante la década de los noventa, vulneró derechos fundamentales y fracasó como mecanismo judicial, además de que su eventual reimplantación contravendría las obligaciones internacionales del país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El argumento de Patricia Juárez
La parlamentaria fujimorista defendió su iniciativa legislativa argumentando que el aumento de amenazas contra jueces y fiscales por parte de organizaciones criminales justificaría adoptar medidas excepcionales para proteger la identidad de los magistrados.
Según Juárez, la exposición de los operadores de justicia en casos de alto riesgo, como los vinculados al crimen organizado, narcotráfico o terrorismo, exige un nuevo marco legal que garantice su seguridad y la independencia judicial.
Sin embargo, los representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público descartaron que la medida sea viable o eficaz, recordando los precedentes históricos negativos de los “jueces sin rostro”, implementados en la década de 1990 bajo el gobierno de Alberto Fujimori.
Poder Judicial: “Violaría derechos de defensa y compromisos internacionales”
El jefe del Gabinete de Asesores del Poder Judicial, Braulio Andrade, sostuvo que la propuesta de Patricia Juárez contradice principios constitucionales y compromisos internacionales asumidos por el Perú.
“Con el tema de jueces sin rostro sí es un porquito más complicada esa situación, porque ya tenemos antecedentes sobre ellos, sobre la constitucionalidad declarada a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional. No corresponde tener jueces sin rostro, porque se afecta el derecho de defensa. En ese sentido, no estamos de acuerdo”, afirmó Andrade.
El funcionario recordó que el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte IDH declararon que este tipo de juzgamientos violaban el debido proceso y el derecho a un juicio justo, principios básicos de un Estado democrático.
Andrade sugirió alternativas menos restrictivas, como la centralización de procesos judiciales en zonas seguras o con mayores condiciones de resguardo, de modo que se brinde protección efectiva a los magistrados sin vulnerar derechos fundamentales.
Ministerio Público: “Todas las sentencias con jueces sin rostro fueron anuladas”
Por su parte, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, fue enfático al rechazar la propuesta legislativa.
“Respecto a los jueces sin rostro, ya tenemos una experiencia. Todas las sentencias se cayeron porque hubo un organo internacional que las anuló. Actualmente continuamos juzgando a personas que fueron procesadas bajo ese sistema. Yo creo que no es la salida”, señaló el fiscal.
Chávez Cotrina recordó que los tribunales internacionales consideraron que esta figura vulneraba el principio de publicidad del juicio, el derecho a conocer al juzgador y las garantías mínimas de defensa reconocidas por el derecho internacional.
Asimismo, advirtió que el verdadero desafío está en fortalecer la seguridad y el presupuesto institucional para proteger a los jueces y fiscales, no en reinstaurar medidas que ya demostraron su ineficacia y que afectarían el sistema de justicia.
“La delincuencia en el país ha llegado a niveles críticos, pero los jueces sin rostro no son la solución. El problema no se resuelve con ocultar identidades, sino con fortalecer las instituciones y asegurar la presencia del Estado”, enfatizó el fiscal.
Contexto: los “jueces sin rostro” en la historia del Perú
La figura de los “jueces sin rostro” fue instaurada en 1991 durante el gobierno de Alberto Fujimori, como parte de una política de mano dura contra el terrorismo. Estos magistrados actuaban bajo identidad reservada, ocultando su rostro y su nombre en los procesos judiciales.
Aunque inicialmente se justificó como una medida de protección frente a posibles represalias, las sentencias emitidas por estos tribunales fueron severamente cuestionadas por organismos nacionales e internacionales debido a abusos, condenas sin pruebas y violaciones al debido proceso.
En 2000, el Estado peruano reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las violaciones cometidas bajo este sistema y se comprometió a no reinstaurarlo, asumiendo además la obligación de reparar a las víctimas de juicios irregulares.
