La presidenta Dina Boluarte vuelve a estar en el centro de la controversia. Esta vez, enfrenta una nueva denuncia por presunta traición a la patria, luego de haber suscrito el Tratado de Alta Mar durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, realizada en Niza, Francia.
La demanda fue interpuesta por el periodista C. Alfredo Vignolo G. del V. ante la Fiscalía de la Nación. El documento involucra tanto a la mandataria en su calidad de persona natural como a la Presidencia de la República como institución.
Según la denuncia, la firma del tratado supone una “afectación directa a la soberanía marítima nacional“. Se argumenta que el acuerdo entraría en conflicto con el artículo 54 de la Constitución del Perú, que reconoce la soberanía y jurisdicción exclusiva del Estado sobre las 200 millas marítimas adyacentes a la costa peruana.
Además, el demandante sostiene que la suscripción podría comprometer la seguridad e integridad territorial del país, configurando así la figura de traición a la patria.
“Cualquier tratado que implique cesión o limitación sobre el dominio marítimo resulta inconstitucional y constituye una afrenta directa contra la integridad nacional“, declaró Vignolo, citado por el diario Expreso.
Reacciones del sector pesquero
La denuncia ha sido respaldada por varios gremios empresariales, entre ellos la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Pesquería.
En un comunicado conjunto, estos organismos advirtieron que la firma del tratado representa una potencial “pérdida de soberanía” en la toma de decisiones sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.
“Este acuerdo es impulsado por ONG que buscan acabar con sectores productivos como la pesca, que genera miles de empleos y es un motor de desarrollo descentralizado. Rechazamos que el Gobierno suscriba acuerdos que afecten la seguridad alimentaria y destruyan empleos formales”, señalaron.
Por su parte, el canciller Elmer Schialer y el exvicecanciller Hugo de Zela han rechazado las críticas y han aclarado el alcance del tratado.
El canciller aseguró que la firma no afecta los derechos del país sobre su dominio marítimo. “Es un tratado ambiental que el Perú puede firmar reafirmando su condición de Estado no parte de la Convemar. Quien dice lo contrario miente o no informa correctamente”, afirmó en RPP.
Hugo de Zela, en la misma línea, explicó que existe una confusión entre el Tratado de Alta Mar y la Convención del Mar (Convemar). “Este tratado no se aplica a las 200 millas nacionales. Las críticas responden a una falta de lectura e información”, aclaró en Canal N.
¿Qué es el Tratado de Alta Mar?
Conocido oficialmente como “Tratado sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales” (BBNJ, por su sigla en inglés), este acuerdo fue adoptado en 2023 en el seno de la ONU.
Su objetivo es establecer el primer marco jurídico global y vinculante para la protección de la biodiversidad marina en las áreas oceánicas que quedan fuera de cualquier jurisdicción estatal —es decir, más allá de las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva de cada país.
El tratado contempla la creación de áreas marinas protegidas, regula actividades como la pesca y la minería submarina, y establece normas para el acceso y reparto equitativo de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos.
Mientras la denuncia sigue su curso en la Fiscalía, el debate en torno al Tratado de Alta Mar continúa. ¿Se trata de una medida que fortalece la protección ambiental global, o implica un riesgo para la soberanía y los intereses económicos del Perú?
Por ahora, la controversia deja claro que cualquier paso en la arena internacional será vigilado de cerca y podría tener consecuencias políticas para el gobierno de Dina Boluarte.
