El integrante del Tribunal Policial, Jesús José Julca Alcazar tiene a su hijo trabajando en la comisaría de Santa Elizabeth, es un alto oficial de la Policía, en el grado de Mayor y comisario de dicha comisaría ubicada en San Juan de Lurigancho.
Un posible conflicto de interés se ha desatado en torno al vocal del Tribunal Policial, Jesús José Julca Alcazar, quien tendrá la responsabilidad de decidir sobre el futuro del coronel Harvey Colchado, en medio de la polémica por su retiro de la Policía Nacional del Perú. La controversia surge al conocerse que el hijo de Julca, quien trabaja en la comisaría de Santa Elizabeth en San Juan de Lurigancho, de la cual es su jefe Comisario.
También se ha sabido que Jesús José Julca Zuñiga, hijo, fue denunciado por manejar en estado de ebriedad en el 2020. Imputación que, luego de habérsele procesado, y pasado al retiro, al parecer, luego fue absuelto y levantada su responsabilidad en los hechos. Esto motivó, en su momento, un conjunto de especulaciones en torno a su idoneidad en el cargo que, con el tiempo, pasó al olvido.
El citado vocal, integrante del colegiado que resolverá el caso de Colchado Huamaní, podría no ser imparcial ni objetivo. La vinculación que tiene con un miembro activo de la Policía lo hace vulnerable a presiones dado su vínculo, de parentesco con un oficial en actividad, por tanto subordinado al mando policial central y, por ende, al propio poder político del ejecutivo que no quiere a Colchado Huamaní dentro de la Institución policial.
El vínculo entre Jesús José Julca Alcazar, vocal y el poder policial -a cuyo vínculo está ligado su hijo-, plantea razonables dudas sobre la imparcialidad de sus acciones dentro del Tribunal Policial, especialmente cuando se trata de un caso tan mediático como el del coronel Colchado, quien encabezó la operación que allanó la casa de la presidenta Dina Boluarte en el marco de las investigaciones por el caso Rolex.
Estos hechos antecedentes podría influir en la percepción pública de la objetividad de Julca al momento de tomar decisiones que afecten a miembros de la Policía Nacional, especialmente si el involucrado es un oficial que ha sido percibido como incómodo para algunos sectores del poder político.
La falta de transparencia en sus posibles vínculos familiares con figuras de la institución policial genera dudas sobre su capacidad para ser imparcial en el tratamiento del caso Colchado. Muchos temen que su intervención en este proceso pueda estar más alineada con intereses políticos que con el respeto a la justicia y la objetividad que se espera de un miembro de tan alto rango en el Tribunal Policial.
