La Contraloría General de la República reveló que el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) pagó una indemnización de US$ 10 028 467 a una empresa privada, tras perder un arbitraje internacional ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París. El caso ha generado un grave perjuicio económico al Estado y ha dejado en suspenso proyectos de conectividad digital en la región norte del país.
Según el informe de control, Pronatel resolvió de manera indebida un contrato de financiamiento no reembolsable valorizado en más de US$ 98.5 millones, el cual estaba destinado a ejecutar dos proyectos de telecomunicaciones para dotar de Internet de alta velocidad a zonas rurales de Piura y Tumbes.
Actualmente, las obras permanecen paralizadas, afectando directamente a 422 comunidades rurales, además de 428 colegios públicos, 254 centros de salud y 35 comisarías que se quedaron sin acceso a servicios digitales básicos para educación, salud y seguridad ciudadana.
Ejecución del contrato y errores administrativos
Durante la ejecución del contrato, la entidad aprobó hasta seis ampliaciones de plazo, cinco de ellas vinculadas a la problemática en la adquisición de terrenos para la construcción de nodos. Pronatel reconoció en su momento que los retrasos no eran responsabilidad de la empresa contratista, ya que se debían al falta de saneamiento legal de predios y al rechazo de comunidades locales.
Sin embargo, cuando la compañía solicitó una séptima ampliación, también por los mismos problemas, esta fue rechazada por la entidad. A partir de esa negativa, Pronatel otorgó un plazo máximo de 15 días para cumplir con las obligaciones contractuales, advirtiendo de una resolución contractual. Ante la imposibilidad de ejecutar las obras, se produjo la resolución definitiva.
En ese momento, los retrasos alcanzaban 248 días en la Red de Transporte y 186 días en la Red de Acceso.
Arbitraje internacional y laudo millonario
La empresa inició un arbitraje en mayo de 2019 y en febrero de 2021 formalizó su demanda contra Pronatel por incumplimiento de contrato y negativa a conceder la última ampliación.
En agosto de 2022, el Tribunal Arbitral de la CCI resolvió a favor de la empresa, ordenando que el Estado peruano pague una indemnización por “lucro cesante”, es decir, por las ganancias dejadas de percibir tras la resolución irregular. Entre octubre de 2024 y enero de 2025, Pronatel cumplió con efectuar el pago, que superó los 10 millones de dólares.
Responsabilidad de funcionarios y perjuicio al país
La Contraloría identificó presunta responsabilidad civil en seis funcionarios y servidores de Pronatel, quienes habrían ocasionado el perjuicio económico al Estado. Además, el organismo de control advirtió que situaciones similares se repiten en otros proyectos de banda ancha en distintas regiones, debido a problemas estructurales en la gestión de terrenos y licitaciones.
Mientras tanto, la falta de conectividad sigue impactando negativamente en la educación virtual, la telemedicina y la seguridad en zonas vulnerables de Piura y Tumbes, profundizando la brecha digital del país.
