Cuando muchos ciudadanos pensábamos que la putrefacción moral que se presentaba casi a diario en el Congreso de la República ya no daba para más hediondez; y, como pareciendo querer introducir como una nueva facultad Parlamentaria, la de Prostituir a las tres conocidas funciones de Legislar, Fiscalizar y Representar, la Prensa nos presenta un nuevo caso del asco en ese, mal utilizado, Poder del Estado; cuando nos enteramos que, desde de la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo (a cargo de un militante de Alianza para el Progreso como parte de su cuota en la repartija del poder) , se utilizarían los fondos públicos para tender una red de prostitución en el interior del Congreso de la República; y, que sus usuarios serían algunos congresistas que accederían a esos favores sexuales, con el dinero que nos pertenece a todos los peruanos; y, con los que podría atenderse apremiantes necesidades como las alimentarias, de implementación de colegios que funcionan a la intemperie y sin siquiera baños para uso de los estudiantes; o, para cubrir la atención de miles de ancianos o niños que mueren en la puerta de los hospitales por no contar ni siquiera para el ticket de atención; ante la casi inexistencia del Seguro Integral de Salud.
Confieso, amable lector, que muchas vence pensé y me referí al Congreso de la Republica como el gran Burdel de la política por la forma malsana en la que se negociaban leyes, presupuestos, obras públicas, mochadas de sueldo a vista y paciencia de la Comisión Fétida (como debería llamarse es remedo de Comisión de Ética); pero, enterarnos que la presunta red de prostitución que funcionaba en la sede de ese poder del Estado se habría organizado para prestar favores sexuales a cambio de lograr votos de los parlamentarios en los distintos temas tratados, como ha denunciado el Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría Juan Burgos, rebasa cualquier imaginación que pudiéramos haber tenido a respecto.
Pero cuando pensábamos que, ante la divulgación de los hechos que ya habría cobrado la vida de una extrabajadora del Congreso de la República, tras ser víctima de un atentado perpetrado por sicarios; que, al parecer por las primeras informaciones mediáticas tendría directa relación con esta red criminal instaurada y mantenida con nuestro dinero, existiría un casi unánime rechazo de los parlamentarios que no tendrían ninguna relación con esa situación criminal, comprobamos que muchos prefieren ponerse de costado o hablar a media voz, como para no molestar a sus amos o a sus “socios” en la repartija del poder.
Es así que, por ejemplo, una actual legisladora, que como Regidora Provincial de Lima Metropolitana se ponía anteojeras y silenciaba sus oídos frente a los delitos que cometía su ex cacique Luis Castañeda Lossio (por el que estuvo preso y no pudo terminar de ser juzgado por su repentino fallecimiento) pretende señalar que le “parece una payasada” la denuncia y facultades de investigación solicitadas por el Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría Juan Burgos; o, aquel actual parlamentario que, nuestro recordado héroe y Caballero de los Mares Miguel Grau Seminario, reo se avergonzaría que éste personaje, tan defensor de los fueros congresales, claro está para otros casos, pero no para éste, prefiere solicitar sean investigados por la Fiscalía de la Nación, a pesar de conocer que éstas investigaciones suelen demorar muchos años, como viene sucediendo hasta la actualidad en la que hay un solo ex Presidente de la República sentenciado en primera instancia y con pronóstico reservado final.
No podemos ni debemos tolerar que la gangrena de la corrupción y delincuencia siga destrozando nuestras instituciones; y, menos se siga aumentando sus presupuestos para pagar servicios sexuales; que, ni siquiera como varones pueden conseguir por sus medios.
No sigamos estirando la liga del soporte ciudadano que puede terminar por romperse.+
Marco Silva Santisteban
