Estas reformas, aprobadas por el Congreso, buscan proteger a sectores como la policía y al mismo tiempo imponen sanciones más estrictas a jueces y fiscales en casos de liberación de detenidos en flagrancia, filtración de investigaciones y otros delitos.
El gobierno de Dina Boluarte ha promulgado cuatro leyes que, en lugar de promover una reforma efectiva y transparente en el sistema de justicia y seguridad, parecen fortalecer a una Policía Nacional del Perú (PNP) profundamente cuestionada por su vinculación con la corrupción y abusos de poder.
Una de ellas la ley 32180, esta ley modifica el Código Penal, específicamente los artículos 186 y 189, para incluir nuevos tipos de delitos y aumentar las penas por delitos cometidos en agravio de colegios, centros de salud, bomberos voluntarios, menores, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. En cuanto al hurto agravado, se establece una pena de entre 4 y 8 años si el delito afecta a bienes de instituciones educativas o de salud. Esta ley también incorpora un beneficio para los mayores de 80 años, permitiendo que puedan cumplir sus penas mediante detención domiciliaria o bajo el cuidado de una persona o institución, otorgando un trato privilegiado a los adultos mayores condenados.
Las leyes aprobadas, que entraràn en vigencia el 12 de diciembre de 2024. Incluye la Ley 32181, que prohíbe a fiscales y jueces dictar orden de detención contra policías que, en el ejercicio de sus funciones, causen lesiones o muertes con el uso de sus armas. Esta medida, si bien podría estar destinada a proteger a los policías en situaciones de conflicto, refuerza un patrón peligroso de impunidad. En lugar de garantizar la responsabilidad y la transparencia, esta ley parece cerrar los ojos ante el creciente número de abusos cometidos por agentes de la policía en situaciones de desmedida violencia. Esta situación no es nueva, ya que la PNP ha sido constantemente señalada por actos de corrupción, excesos de fuerza y violaciones de derechos humanos, sin que se tomen medidas efectivas para erradicar estos problemas.
Además, la Ley 32182, que modifica la Carrera Judicial y Fiscal, sanciona a los jueces y fiscales que liberen a personas detenidas en flagrancia, se presenta como un intento por incrementar la rigidez del sistema judicial, pero es también una medida que podría ser utilizada para silenciar voces críticas y presionar aún más a los fiscales para que actúen conforme a los intereses del poder. En lugar de fortalecer la justicia imparcial y efectiva, esta ley podría transformar a los fiscales y jueces en meros ejecutores de decisiones políticas, sin espacio para la autonomía que la ley debe garantizar.
Por otro lado, la Ley 32183, que penaliza los préstamos extorsivos y el bloqueo de vías públicas, no solo refuerza las sanciones contra aquellos que luchan contra la corrupción o las injusticias del gobierno, sino que también podría ser utilizada para silenciar a los movimientos sociales y de protesta. En un contexto de creciente descontento social y represión a las manifestaciones, esta legislación se suma a las medidas que favorecen un clima de intimidación, en lugar de abordar las causas profundas de la crisis de seguridad y corrupción.
