El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, volvió a generar polémica tras lanzar duras declaraciones durante la inauguración de la inconclusa Vía Expresa Sur. En una conferencia de prensa realizada en el marco del evento, el burgomaestre no solo atacó al periodista Gustavo Gorriti, sino que también llegó a amenazarlo de muerte utilizando expresiones asociadas al argot del hampa peruano.
“Hay que cargárselo de una vez al caballero”, expresó López Aliaga, refiriéndose directamente al director de IDL-Reporteros. Según sus propias palabras, Gorriti sería un obstáculo para la creación de un tribunal militar en el Perú, propuesta que el alcalde volvió a plantear como solución al problema de la criminalidad.
El alcalde sostuvo además que un “terruco urbano es objetivo militar” y que debía ser juzgado por este tipo de instancias castrenses, afirmando que si se procesaba en un tribunal fiscal tradicional, “sale al toque”.
Tribunales militares en la mira
Las declaraciones de López Aliaga han despertado preocupación en diversos sectores. Organismos como la Defensoría del Pueblo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado en múltiples ocasiones que la implementación de tribunales militares atenta contra la independencia e imparcialidad judicial. Según sus informes, estas instancias representarían un riesgo de impunidad a favor de políticos, militares y policías procesados por delitos comunes.
Ataque directo contra Gorriti
El alcalde no se limitó a la amenaza inicial. Durante la misma conferencia, vinculó a Gustavo Gorriti con la exalcaldesa Susana Villarán, procesada por presuntos aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS. “Es socia de él y ambos conforman un conjunto de gente corrupta que se ha ensañado con el Perú”, afirmó, sin presentar pruebas que respalden sus acusaciones.
Contexto y repercusiones
Las declaraciones del burgomaestre ocurren en medio de un clima político marcado por la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y las crecientes denuncias de corrupción. La amenaza a un periodista de investigación como Gorriti, reconocido por revelar casos emblemáticos de corrupción en el país, ha generado un amplio rechazo en redes sociales y entre colectivos de defensa de la libertad de prensa.
Este nuevo episodio coloca a Rafael López Aliaga nuevamente en el centro de la polémica, reavivando el debate sobre los límites de la confrontación política y la responsabilidad de las autoridades en garantizar el respeto a la prensa y a los derechos fundamentales en el Perú.
