La congresista Ruth Luque, integrante de la Bancada del Bloque Democrático Popular, anunció que presentará una denuncia constitucional contra el fiscal interino de la Nación, Tomás Gálvez, tras la reciente desarticulación de los equipos especiales que investigaban algunos de los casos de corrupción más emblemáticos del país: Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto y Eficcop.
A través de su cuenta oficial en la red social X, la parlamentaria cuestionó duramente la decisión adoptada por el Ministerio Público y advirtió que esta medida representa un grave retroceso en la lucha contra la corrupción. Según Luque, la eliminación de estos grupos especializados debilita seriamente las investigaciones en curso y envía un mensaje de impunidad a la ciudadanía.
“Hoy el Fiscal de la Nación interino -señalado de ser parte de los Cuellos Blancos- cumplió su promesa de desactivar los Equipo Especiales Lavajato, Cuellos Blancos y Eficcop. Fiscales que en su mayoría, buscaron perseguir el delito de organizaciones criminales involucrados con el poder político. Ello ha significado que sean castigados, solo por hacer su trabajo”, escribió la parlamentaria en su publicación en su red social X.
No es la primera vez que la legisladora critica el accionar de Gálvez. En publicaciones anteriores, recordó que el fiscal interino fue vinculado a la presunta organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, lo que —a su juicio— explicaría la desarticulación de los equipos que justamente tenían como misión combatir estas redes de corrupción enquistadas en el sistema de justicia.
“La impunidad con la que se maneja este Fiscal de la Nacion interino no sería posible sino fuera porque el Pacto que gobierna desde el Congreso de la República no lo tuviera blindado y no se habría encargado de descabezar al Ministerio Público ya sea a través de acusaciones constitucionales o de su satelite (la JNJ)”, puntualizó.
Además, Luque sostuvo que la situación actual del Ministerio Público no puede analizarse de manera aislada. En su pronunciamiento, señaló que la impunidad que, según afirma, impera en la Fiscalía de la Nación sería consecuencia directa de un “pacto” con el Congreso de la República, el cual estaría priorizando intereses políticos por encima del fortalecimiento institucional.
Finalmente, la congresista enfatizó que el rol principal del Parlamento debe ser garantizar la autonomía de las entidades del sistema de justicia y no permitir interferencias que pongan en riesgo el Estado de derecho. La anunciada denuncia constitucional busca, según explicó, abrir un debate nacional sobre la necesidad de proteger a las instituciones que investigan la corrupción y recuperar la confianza ciudadana en el sistema judicial.
“La principal labor de un Congreso que sí fiscalice y cuide la autonomía de las entidades, será investigar esta red de políticos y autoridades que han generado acciones favor de la impunidad”, finalizó la también candidata al Congreso con el partido Ahora Nación.
