¿Y los 60 policías de la DIVIAC?

En una investigación criminal están los que dirigen la investigación en términos jurídicos y los operativos. Los directores jurídicos son los fiscales y los operativos son los policías. En este segundo grupo están los pesquisas quienes, al mando de un jefe operativo -los jefes de grupo o de unidad-, articulan todo lo necesario -en coordinación con el Fiscal-, para lograr los objetivos de la investigación: la identificación del objetivo, su cercamiento y su captura. Uno no funciona sin el otro y lo que ha ocurrido en la última semana es la DESARTICULACION del grupo más importante de Policías que al mando de un aparato fiscal cuales quiera -anticorrupción, de crimen organizado, de lavado de activos o de lucha contra el poder-, habían desarticulado a más organizaciones criminales y bandas criminales que cualquiera de los otros grupos que existen actualmente en la Policía y que, en términos de auditoria legal -confrontados al proceso penal de garantías-, dieron como resultados prisiones preventivas y condenas a penas privativas de libertad haciendo posible la lucha contra la criminalidad en su verdadera expresión real.

El día de ayer se ha conocido de una lista de más de más de 1100 policías entre oficiales de rango menor y subalternos entre los cuales se destaca la remoción de 60 oficiales subalternos ( capitanes, alférez, y tenientes ) que antes hacían pesquisa especializada en materia de alta criminalidad -son policías investigadores natos-; y, sacados de la DIRNIC -Dirección de Investigación Criminal-, han sido trasladados a la vigilancia de centros penitenciarios, hospitales, comisarías -en algunos casos incluso a labores administrativas- y seguridad ciudadana -patrullaje de calles. ¿Esta es una decisión razonable?
Desde mi punto de vista criminológica NO lo es. En absoluto. La lucha por la seguridad ciudadana en su integridad debe implicar varios niveles de especialidad interventora en donde la parte más compleja -por los niveles de correlación que tiene con el sistema penal- es el del investigador y hacer que uno de ellos -un investigador-, fuera del marco de competencias ganada por su experiencia y sus condiciones de aptitud vayan a hacer labores ajenas a su especialidad es un despropósito que linda con lo punible cuando se verifican situaciones que solo la venganza y la represalia por cuestiones personales del gobierno de turno pueden explicar.
Nos referimos así a aquellos 60 efectivos policías de la DIVIAC que intervinieron en operaciones especiales y específicas de investigación criminal -como el caso ROLEX o el caso WAYKIS-, y que ahora han sido trasladados a labores menos especiales y que exigen poca performance de policía de alto perfil. Pretender que un investigador criminal haga cuidado de puentes o dirigir el tráfico rodado es como exigir que un chef de alta cocina prepare alitas de pollo en una cadena de fast food. Esto es lo que está haciendo el gobierno con la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad, entregarnos a la delincuencia, al sicariato a las organizaciones criminales y hacernos creer que lo que están haciendo esta bien y que encima le debemos agradecer por hacer las cosas bien. Una estafa política por donde se le mire.
Y si, a todo esto le añadimos el retiro de Harvey Colchado y Walter Lozano, dos coroneles de la PNP, catalogados por una gran mayoría como los dos mejores investigadores criminales que tenía la policía, entonces, es claro que lo que quiere el gobierno no es precisamente potenciar la lucha contra el delito, sino favorecerlo, hacerse cómplice de ella, de la criminalidad.
Siempre hemos sostenido que el poder debe ejercerse de modo responsable, prudente y bajo conciencia que las decisiones que se tomen son y serán medidas de acuerdo a su racionalidad, justicia y legalidad. No siempre lo legal es lo correcto. En lo legal, en lo formal, a veces se esconden las decisiones más inapropiadas y delictivas que, luego, en el tiempo, pueden descubrirse, como casi todo, como casi siempre.
¡Salvo mejor parecer… ! (**)

Dr. Miguel Pérez Arroyo

(*) El autor es Abogado y Criminólogo, Doctor en Derecho y Director General del Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales (INPECCP) y del Centro de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales (CENALES).

(**) «Salvo mejor parecer» Es una columna de opinión.